El exdirector de Madridec culpa a sus subordinados de no frenar la fiesta del Madrid Arena

El ex director general de Madrid, Espacios y Congresos (Madridec), Jorge Rodrigo, ha culpado este viernes en su declaración judicial a los responsables de seguridad de la empresa de no haber paralizado la celebración de la fiesta mortal del Madrid Arena en el caso de que hubieran comprobado deficiencias en las inspecciones previas a la sala, un extremo que confirmó un informe de la Policía Científica.

Así lo han manifestado los abogados de las familias de las chicas fallecidas tras concluir el interrogatorio, que se ha prolongado durante unas cinco horas. Durante su declaración, el exdirector de Madridec se ha mostrado "dolido" por su "fulminante" despido por parte de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, según han señalado algunos de los abogados presentes.

Tras ser interrogado por el juez y las partes, Rodrigo ha salido del Juzgado sin ninguna medida cautelar, a diferencia de otros de sus subordinados que tienen la obligación de comparecencias judiciales, según ha señalado su abogado a la salida de los juzgados.

"Es el primero que dice la verdad", ha aseverado el abogado Ábdon Núñez, que representa a la familia de Belén Langdon. En la misma línea, el resto de las acusaciones particulares han destacado que ha sido el único de Madridec que ha aclarado las funciones que tenían cada uno de los imputados que ocupan puestos de responsabilidad en esta empresa municipal, aportando el organigrama ante el juez.

Respecto a su declaración, Núñez ha reseñado que Rodrigo ha manifestado que sus subordinados, Rafael Pastor, Francisco del Amo, José Ruiz Ayuso y Jorge Rodríguez Caamaño –todos ellos responsables de Seguridad– tenían "competencia" de haber parado el evento en el caso de que hubieran comprobado deficiencias en el recinto.

En concreto, Del Amo y Caamaño fueron las personas que inspeccionaron la sala horas antes de la celebración de la fiesta y dieron luz verde a la macrofiesta. Durante la fiesta, Ayuso era el responsable de que se cumplieran las medidas de seguridad. A la cabeza de ellos estaba el director de Seguridad, Rafael Pastor, quien estuvo presente en la fiesta de Halloween.

Sin embargo, un informe de la Policía Científica constató que la distribución inicial que aportó Diviertt a Madridec no se correspondió con la final, ya que las 21 barras de bebidas que se instalaron en la pista ocupaban mucho más espacio de las seis que en un principio se iban a colocar e incluso éstas bloqueaban dos vomitorios. Además, la sala Vip se encontraba en una zona que no fue indicada inicialmente y muchas de las puertas estaban cerradas.

Responsabilidad de la Delegación

Por otro lado, el abogado Felipe Moreno ha indicado que el exdirector de Madridec ha abierto la puerta a la implicación de la Delegación de Gobierno en la causa, puesto que en las inspecciones a la sala había dos personas de la Delegación que debieron dar la orden de cancelar el festival.

Asimismo, Rodrigo ha insistido que en 2008 se renovó el contrato de exclusividad que mantenía la empresa de Miguel Ángel Flores con Madridec, con la que se venía trabajando desde 2005. Tras la tragedia, dio la orden de cancelar todos los contratos con Diviertt, ya que no iba a contratar "a una empresa que por un lucro desmedido era capaz de provocar lo que provocó".

Respecto a Seguriber, según los abogados, Rodrigo ha apuntado que se encargaba tanto de la seguridad externa como de la interna, un extremo que Seguriber siempre ha negado desde que se inició la instrucción. También ha mencionado que los controladores de Kontrol 34 debían vigilar el interior de la sala.

Así, la abogado María José Siñeriz ha destacado que el exdirector ha indicado que los controles de las cámaras correspondían a Seguriber y que estos debían haber alertado de si sucedía algo en el interior del recinto Madrid Arena.

Por otro lado, Manos Limpias ha adelantado que pedirá una pieza separada contra el exdelegado de Economía, Empleo y Participación Ciudadana, Pedro Calvo, y el exvicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, por cohecho y tráfico de influencias en este caso, según ha señalado el presidente de la asociación, Miguel Bernard.