Según la Policía Nacional, las decisiones de la Junta de aportar ayudas y subvenciones al proyecto Bahía Competitiva entre otros se tomaron arbitrariamente y en algunos casos, sobre el apoyo de indicaciones de algunos responsables políticos. Recuérdese que el fraude alcanza los 25 millones de euros con lo que el caso Bahía Competitiva, que afecta de lleno al PSOE de Cádiz y a la Junta de Andalucía, se erige en el tercer gran caso de corrupción andaluz tras el de los ERE y el Invercaria, todos ellos perpetrados desde la Junta de Andalucía.
Según El Mundo, un correo electrónico que forma parte del sumario que investiga el Juzgado de Instrucción 4 de Cádiz muestra la dimensión de la arbitrariedad. El email fue enviado desde la Agencia Idea y tenía como destinatario el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico (IEDT), el órgano de la Diputación gaditana que, junto a la propia Idea (Junta de Andalucía) y la oficina del Plan Bahía -que dirigía el imputado Antonio Perales, personaje relevante del clan socialista de Alcalá- evaluaba los proyectos empresariales.
El correo contiene instrucciones para alterar las puntuaciones previamente otorgadas a las solicitudes de sociedades que aspiraban a recibir financiación pública. En el correo se adjunta un listado que, textualmente, incluye "los cambios de orden y los créditos que se han modificado", al tiempo que especifica que "no se han modificado las baremaciones y pesos que hay que hacer".
Las instrucciones enviadas desde Idea –la agencia implicada en el escándalo de los ERE– informan que a "algunos proyectos" empresariales que se iban a instalar, supuestamente, en Alcalá de los Gazules –la localidad natal de Perales y del clan socialista, y donde anunció su instalación el entramado de Alejandro Dávila Ouviña, el principal imputado– se había aumentado el crédito concedido del 30 al 40%. Aunque a una empresa concreta del empresario gallego, Tecnologías Solares del Noroeste, se asegura que "hay que bajarle la puntuación". "Lo hemos quitado directamente", añade el correo sin aportar razón ni legislación alguna.
Insoportable arbitrariedad de la Junta
Hasta tal punto llega el capricho, el partidismo y la arbitrariedad que a sociedades ya consolidadas, como la bodega González Byass se la elimina de la lista. "Quitarlos. Pasarlos a reserva: hay que bajarles la puntuación", indica la Agencia Idea en el correo en referencia a la bodega jerezana y a otras dos sociedades, Bodegas Valdivia y José Estévez.
A otra empresa, Impredigital Andalucía, le baja el crédito a 600.000 euros con la justificación de que "nos parece demasiado para la reposición que necesitan hacer". Las sospechas sobre más irregularidades del procedimiento crecen cuando se tiene en cuenta que al referirse a la empresa Zahav se dice: "«Creemos que debemos trasladarle al Ministerio de Industria -entonces regentado por el socialista Miguel Sebastián- que están dentro por el compromiso que adquirieron, pero que hay que considerar que quizás, de nuevo, con quedarnos con 3,5 millones de euros colgados".
Esta manera de confeccionar expedientes de subvenciones y ayudas empresariales revela un amaño sistemático según la Policía que cree que la trama se urdió para saquear los fondos de reindustrialización de la Bahía de Cádiz. Igualmente, cree que el socialista Antonio Perales maniobró para favorecer su pueblo natal. Además de él, hay dos decenas de imputados, incluida la cúpula del Ministerio de Industria con Miguel Sebastián (PSOE).
Tercer fondo de reptiles
La parlamentaria andaluza y portavoz del PP de Cádiz, Ana Mestre, consideró el lunes que el caso Bahía Competitiva ilumina el "tercer fondo de reptiles", que acumula ya "15 imputados" y alcanza la cifra de "25 millones de euros defraudados que debían haberse destinado a la reindustrialización y a la creación de empleo en la zona".
La provincia de Cádiz, y en concreto, la zona de la Bahía, es una de las más efectados por el paro endémico. Mestre dijo que unos cuantos con mal currículo y trayectoria empresarial se lo han llevado, gracias a la presunta connivencia de dirigentes socialistas y altos cargos de la Administración.
El PSOE dice que fue la Junta la que puso en conocimiento de la autoridad judicial la irregularidad del empresario gallego Manuel Alejandro Dávila Ouviña, principal imputado en el caso Bahía Competitiva. Este martes, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, comparecerá por la tarde en el Pleno del Parlamento a petición de los tres grupos políticos, PP-A, PSOE-A e IULV-CA, para informar sobre las irregularidades en el Plan Bahía Competitiva.