Los partidos andaluces podrían acordar el fin de la financiación privada de sus organizaciones si se consuma el pacto por la transparencia que parece abrirse paso en el Parlamento andaluz. PP, PSOE, IU y Partido Andalucista llegaron a un consenso básico y se mostraron de acuerdo en prohibir las donaciones privadas y empresariales a los partidos, si bien el PP prefirió esperar a conocer las medidas que propondrá Rajoy tras el Debate del estado de la Nación.
De prosperar esta iniciativa, se consolidará un modelo "público" de financiación de los partidos políticos que sólo podrían tener tres tipos de ingresos: las cuotas de los afiliados, que sólo cubren como máximo el 20 por ciento de los gastos de los partidos mayoritarios, las aportaciones del Estado, que cobrarían la máxima importancia, y los préstamos obtenidos de entidades bancarias.
Igualmente, se renuncia al modelo que acepta las donaciones privadas pero exige su transparencia total con la publicación anual de las aportaciones de empresas y particulares, como es el caso del modelo norteamericano y otros países de Europa, que incluye tipos penales muy duros en caso de incumplimientos legales.
Es evidente que el modelo futuro podrá sortear la transparencia si se empeña en "engordar" la cuenta de los partidos consensuando subidas de las aportaciones públicas a sus organizaciones, si continúan las prácticas ya consagradas de donaciones "en negro" o si persisten en obtener de las entidades financieras sospechosas condonaciones de préstamos sin conocerse las contrapartidas.
Aunque PSOE-A, IULV-CA y PA incluyeron como una de las medidas de transparencia sobre la financiación de los partidos la necesidad de que se prohíban las donaciones privada, el PP-A planteó un paquete de 56 iniciativas y se reservó para la próxima semana las referidas a esa materia en concreto.
El secretario general de los populares andaluces, José Luis Sanz, señaló que todo lo que aporte "luz y taquígrafos" a las donaciones será "bienvenido". "Si es necesario suprimirlas y se llega a ese acuerdo entre todos los partidos, no habrá ningún problema", añadió, para apuntar que "puede haber muchos puntos en común, también en la financiación de los partidos".
Por lo que respecta a los socialistas, aportaron 40 propuestas de transparencia. Destacan la prohibición de cualquier tipo de donación a los partidos, salvo las aportadas por los militantes mediante las cuotas, así como la creación de una comisión de control integrada por expertos independientes que actúe de "árbitro" en aspectos como el otorgamiento de créditos.
Su vicesecretario general, Mario Jiménez, defendió, asimismo, medidas de "endurecimiento", como que las empresas que hayan hecho alguna donación "indebida" no puedan volver a contratar con las administraciones públicas. Respecto a la constitución de una comisión de control, Jiménez detalló que estaría integrada por personas independientes de reconocido prestigio y que actuaría en un "ámbito de arbitraje" para cuando se produzca algún tipo de "colisión". Sería la encargada de analizar también la "idoneidad" del otorgamiento de préstamos a los partidos por entidades financieras.
La creación del citado órgano exigiría una modificación de la ley que regula la Cámara de Cuentas de Andalucía. IU presentó 25 medidas y defendió la reforma de la Ley de Financiación de los Partidos para prohibir las donaciones de empresas y, dado que es una normativa estatal que se tendría que modificar en el Congreso, la posibilidad de que los partidos andaluces renuncien voluntariamente hasta que sea efectiva.
El secretario de Organización de IULV-CA, José Luis Pérez Tapia, planteó la prohibición de las donaciones por parte de empresas a los partidos, fundaciones y asociaciones ligadas a éstos, al no creer en su "bondad".