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Jueces y fiscales van a la huelga contra Gallardón

Los convocantes llaman a concentrarse contra las "decisiones vergonzosas" de Gallardón. Citan, además de las tasas, la "politización" del CGPJ.

Los jueces y los fiscales están llamados a participar este miércoles en una huelga para protestar contra la politización del Consejo General del Poder Judicial, la "privatización" del Registro Civil y la "paupérrima" situación de medios personales y materiales que soporta desde hace décadas la Administración de Justicia. Por este motivo, los convocantes llaman a concentrarse contra las "decisiones vergonzosas" de Gallardón.

Los miembros de la Carrera Judicial y Fiscal reivindican un incremento de la inversión pública y de la plantilla en los tribunales españoles al denunciar que el país ocupa el puesto 36 del ranking europeo con diez jueces por cada 100.000 habitantes, por debajo de países como Moldavia, Albania o Grecia y sólo por delante de Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, un país con muy baja litigiosidad.

Además, reivindican un incremento de medios en la lucha contra la corrupción, modificar la Ley del Indulto, derogar o modificar "urgentemente" la ley de tasas y paralizar la reforma del órgano de gobierno de los jueces al convertirlo en "un apéndice" del Ministerio.

Los funcionarios de Justicia también están llamados a concentrarse entre las 11:30 y las 12:30 horas frente a sus centros de trabajo en una acción convocada por los sindicatos CSIF, CCOO, STAJ y UGT para clamar contra "decisiones vergonzosas" como es la "privatización" de los registros civiles que pone en peligro 3.500 puestos de trabajo.

No es la primera vez que la reclamación de refuerzos en los tribunales acaba con una huelga de togas. La primera huelga de la democracia tuvo lugar en febrero de 2009 contra el entonces ministro socialista Mariano Fernández Bermejo y, desde entonces, continúa el vacío legal sobre el derecho de los magistrados a ejercer o no el derecho a la huelga.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rechazó también fijar servicios mínimos para el día de la huelga general convocada el pasado 14 de noviembre al carecer este derecho de soporte normativo. Esta vez, la portavoz Gabriela Bravo ha mantenido el mismo criterio y ha estimado que la huelga "no es el camino" en el momento actual.

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