La tercera huelga de togas de la historia de la democracia en España y la primera contra un Gobierno del Partido Popular es ya una realidad. En torno a 66 por ciento de los magistrados –según los organizadores- y el 40 por ciento –según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- han secundado este paro en nuestro país.
Es decir, entre 2018 y 2560 magistrados de los 5015 que componen la Magistratura han apoyado la protesta. Unas cifras similares a las obtenidas con la primer huelga de la Carrera Judiical que tuvo lugar en 2009, tras la que dimitió el entonces ministro socialista Mariano Fernández Bermejo.
En esta ocasión, la huelga -respaldada por todos los colectivos de la Administración de Justicia; jueces, fiscales, a los que se han adherido abogados, secretarios judiciales y funcionarios- se ha celebrado este miércoles como medida de protesta a las reformas emprendidas por el actual titular de esta cartera, el ministro Alberto Ruiz Gallardón.
El paro, convocado por la Asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, ha tenido especial seguimiento en comunidades como Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia y Galicia. En algunas de estas autonomías más del 60 por ciento de miembros del poder judicial han decidido este miércoles no acudir a sus puestos de trabajo.
Los convocantes calculan que durante la jornada se han suspendido 10.000 juicios y señalamientos en toda España aunque se han respetado servicios mínimos como son, por ejemplo, las causas con presos en el orden penal o la celebración de bodas en el civil con el objetivo de hacer el menor daño posible a los ciudadanos.
Segumiento "satisfactorio"
Sin embargo, dichas asociaciones han considerado que era necesario secundar esta huelga ante la baja inversión en Justicia por parte del Ejecutivo y para exigir reforzar los juzgados, incrementar los medios en la lucha contra la corrupción, derogar la ley de tasas, reformar la ley del indulto y retirar la reforma del CGPJ, proyectada por Gallardón.
José Luis González Armengol, portavoz de la Francisco de Vitoria, ha señalado en declaraciones a los medios que el seguimiento ha sido "satisfactorio". Sin embargo, ha expresado "serias dudas" de que el ministro "recapacite", y eso a pesar de que, al margen del seguimiento de la huelga, el 100 % de la carrera está en contra de las medidas del Gobierno, según él.
En una asamblea ante jueces y fiscales celebrada en los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, el portavoz de Jueces por la Democracia, Joaquim Bosch, quien también ha calificado de satisfactorio el seguimiento, ha lamentado haber tenido que llegar a estas medidas, que "causan perjuicio a los ciudadanos".
Además ha atribuido a la "exclusiva responsabilidad del ministro, que no ha expresado la más mínima voluntad de diálogo", el que hayan tenido que recurrir a esta medida.
Junto a la Carrera Judicial y Fiscal, el paro ha sido respaldado por la 'Plataforma Justicia para Todos', que reúne al Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo de Consumidores y Usuarios y los sindicatos CCOO, UGT; CSI-F, USO y STAJ. No lo han secundado ni la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura ni tampoco la Asociación de Fiscales.