La Fiscalía ha elevado un recurso de apelación al auto de sobreseimiento libre dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que decidió que no era constitutiva de delito la conducta observada por el alcalde de Marinaleda, diputado de IULV-CA y sindicalista del Sindicato Andaluz de Trabajadores(SAT) en sus asaltos y coacciones vistos por la inmensa mayoría de los ciudadanos por televisión.
La agencia EFE añade que la Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que ordene la continuación del procedimiento contra Sánchez Gordillo, y lo cite como imputado por un delito contra los derechos de los trabajadores y dos faltas de coacciones por su actuación como piquete informativo durante la huelga general convocada el 29 de marzo de 2012.
Fue el magistrado Miguel Pasquau el que devolvió las actuaciones al juzgado de procedencia, el de Estepa (Sevilla), para que éste resolviera si el comportamiento de Sánchez Gordillo en un establecimiento de Mercadona de ese municipio pudiera ser constitutivo de una falta de amenazas.
Ahora, el fiscal considera que Sánchez Gordillo lideró junto al sindicalista Antonio P. C. piquetes que traspasaron el "generoso límite constitucional" para ejercer y defender el derecho a la huelga, y se transformaron en "verdaderos piquetes o grupos coactivos".
El departamento que dirige el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, observa sendas faltas de coacciones en lo ocurrido en las instalaciones de la Diputación de Sevilla, donde el alcalde de Marinaleda hizo saber al responsable que sus acompañantes no las abandonarían mientras no se cerraran. Afirmación que en teoría fue realizada entre gritos del piquete a los trabajadores de "esquiroles".
A ello se suma que en una finca de Agrosevilla, tras negarse el gerente a echar el cierre, el diputado andaluz aseveró a través de un megáfono: "La próxima vez venimos con escaleras si hace falta, y entramos dentro y echamos a todo el que esté dentro. Por las buenas o por las malas. Se lo he dicho así de claro".
En su escrito, la Fiscalía hace alusión a la expresión "arma de la palabra" que empleó el magistrado en su auto de forma exculpatoria, para mantener que ésta es "perfectamente viable para la comisión de grandes conductas delictivas". "Su potencial peligrosidad y su idoneidad para la comisión de graves delitos –se añade– hacen de ella, precisamente, el vehículo habitual de muchas conductas ilícitas que deben ser reprimidas por el derecho penal". Por lo que respecta al episodio de la superficie comercial de Estepa, para el Ministerio Fiscal sí fue constitutivo de un delito contra los derechos de los trabajadores, que puede acarrerar penas de prisión y multa a los que "actuando en grupo, o individualmente pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga".
Según el fiscal, Sánchez Gordillo instó al responsable del supermercado a que lo clausurara y le hizo una serie de advertencias, entre ellas que "volverían a comprar sin dinero". Y ello, pese a que el magistrado del TSJA afirmó que en la grabación de vídeo aportada de esos hechos "demuestra sin lugar a dudas que tal manifestación no fue hecha" por el diputado de IU, al menos en el interior.
Con todo, la Fiscalía estima que debe acreditarse el tiempo de cierre del Mercadona, los daños producidos en el local y aclararse si les fue detraída por la empresa alguna cantidad en las nóminas de la plantilla por el tiempo no trabajado ese día. En definitiva, el fiscal pide la revocación del auto de sobreseimiento libre del TSJA, que se ordene la continuación del procedimiento y que se cite a Sánchez Gordillo como imputado por un posible delito contra los derechos de los trabajadores y de dos faltas de coacciones.
Fuentes del entorno del líder del SAT entienden que la solicitud del Ministerio Público "es una barbaridad". "Ese día no sucedió nada grave –se explican–. Esto es un grano de arena más en la represión que sufre el sindicato", defienden. Confían en que al final del proceso "todo se resuelva de forma favorable" para Gordillo.