El exconsejero socialista de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández, nombrado por Manuel Chaves y mantenido por José Antonio Griñán, natural de Jerez, ve como se acerca a pasos agigantados su horizonte penal.
La Audiencia Provincial de Sevilla confirmó la fianza de responsabilidad civil de 807.403.232 euros que la juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos impuso al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández al entender que existen "severos indicios de criminalidad" contra su persona. Es la primera vez que se explicita una calificación así en el caso de los ERE.
Europa Press informa que la expresión consta en un auto dictado el día 13 de diciembre de 2012, de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, en el que rechaza el recurso interpuesto por el abogado del ex consejero contra la decisión adoptada por la juez de Instrucción número 6, Mercedes Alaya, actualmente de baja por enfermedad.
Textualmente, la Audiencia se expresa de este modo: "Así, debe rechazarse lo que constituye el cuerpo argumental principal del presente recurso", añadiendo que "mantenida la realidad de tales indicios se revela como necesaria la adopción de una medida cautelar –real– como la del aseguramiento de las eventuales responsabilidades pecuniarias", una medida que "es de razonable adopción una vez confirmada la concurrencia de severos indicios de criminalidad".
La Audiencia recuerda que esta misma argumentación ya fue expuesta por el abogado en el recurso de apelación contra el ingreso en prisión del exconsejero, por lo que el presente recurso "debe seguir la misma suerte desestimatoria, con independencia de que se estableciera la posibilidad de eludirla –la cárcel– prestando fianza en efectivo y asumiendo otras condiciones".
Durante la comparecencia de medidas cautelares, la Fiscalía Anticorrupción, además de solicitar el ingreso en prisión del exconsejero del ramo, pidió que se le impusiera una fianza de responsabilidad civil de 890.052.666 euros, para lo que tomó como punto de partida "el papel principal" del imputado en la "trama" creada para "la dación arbitraria e indiscriminada de los fondos públicos de la Junta de Andalucía".
Por ahora, Fernández es el único exconsejero de la Junta que ha estado en la cárcel. Entró en la cárcel de Morón de la Frontera el pasado día 24 de abril de 2012 y permaneció en la misma hasta el día 10 de agosto, cuando pudo abandonarla tras pagar una fianza de 450.000 euros.
La juez imputa al exconsejero de Empleo cuatro delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones y negociación prohibida a funcionario, así como otros dos delitos de cohecho y falsedad en documento mercantil.
La fianza de responsabilidad civil responde a los fondos que se han ido abonando entre 2001 y 2010 por el IFA e IDEA en virtud del convenio firmado por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social en relación a ayudas sociolaborales y ayudas directas, así como a las ayudas a empresas y personas particulares.
La Junta, con el exconsejero
Aunque la Junta está personada como acusación, se adhirió parcialmente al recurso presentado por el letrado del exalto cargo y pidió rebajar la fianza civil de 807 a 68 millones de euros, tal y como solicitó a la magistrada el pasado día 23 de mayo, cuya decisión de fijar en 807 millones la fianza civil tacha la Audiencia de "proporcionada".
No es la primera que la Junta hace piruetas judiciales anómalas en el caso de los ERE por cuanto es sabido que paga los gastos judiciales de otro imputado en la trama, en concreto la del exdirector de Trabajo, Daniel Rivera, imputado por el caso de los ERE fraudulentos y relevado de sus funciones el pasado 12 de junio. El encargado de defenderlo es el abogado penalista malagueño Pedro Apalategui.
Fue el propio portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, el que lo anunció: "Se va a mantener la asistencia letrada de Daniel Rivera", aunque la Junta no se hará cargo del pago de los honorarios de los letrados que defenderán a otros ex altos cargos autonómicos.