En octubre de 2012, las fuerzas y cuerpos de seguridad detuvieron en Francia a Izaskun Lesaka Argüelles, una de las jefas de logística de la banda terrorista ETA. Cuando la detuvieron, iba armada. Fuentes de la lucha antiterrorista confirmaron a Libertad Digital en aquel momento que la pistola encontrada a Lesaka evidenciaba que ETA está preparada para matar. Además, recordaba que ahora ETA está en las instituciones –ha llegado incluso al Senado- etarras como Bolinaga han salido de prisión y el terrorismo callejero –nos decían- sigue vivo.
Pese a que no se tiene constancia de que ETA siga extorsionando con el llamado "impuesto revolucionario" su entorno sí que mantiene algunas herramientas de recaudación, al menos para "ayudar" a las familias de los miembros de ETA que se mantienen en prisión.
Precisamente, este miércoles, el concejal del PP en el municipio de Elorrio, Carlos García, se acercaba a una comisaría de Bilbao para poner en conocimiento de la Policía Nacional las quejas y denuncias que algunos empresarios de Elorrio, Zarauz y el casco viejo de San Sebastián le habían trasladado. Según pone García en conocimiento de la Policía, estos empresarios han estado recibiendo cartas "durante el periodo de vacaciones de Navidad y, al menos, desde el año 2008, en las que se les reclama 'dinero para los presos de ETA del municipio' y en las mismas se les informa que pasarán, en unos días, a recoger el dinero que debe ir introducido en el sobre del que se les hace entrega".
La misiva y el sobre llega en forma de colecta navideña para entrar en el sorteo de un viaje: "Son ya varios años los que llevamos organizando El Sorteo Solidario de Navidad a favor de los y las represaliadas políticas vascas. Este sorteo lo realizamos siempre gracias a vuestra colaboración, y con él conseguimos aligerar, en la medida de lo posible, los múltiples gastos que origina la dispersión a las familias de las y los presos" y añaden que "queremos expresar nuestro agradecimiento por todo lo que habéis ayudado hasta ahora". Lo que se sortea es "un viaje. Nuestra intención es hacer referencia a los miles de kilómetros que están condenados a realizar los familiares y amigos de los y las represaliadas por culpa de la dispersión". Para terminar, adornan el comunicado señalando que "la aportación es totalmente voluntaria".
En cualquier caso, -según se desprende de la declaración de Carlos García- los empresarios se quejan de que cuando "los jóvenes" que han entregado las cartas, las recogen, apuntan en un papel quién ha pagado y cuánto. Del mismo modo y pese a la supuesta voluntariedad, si el sobre está vacío también lo apuntan en dicha lista.
En este sentido, García señala que "entre los comerciantes de la localidad, existe un gran malestar ya que se ven forzados a pagar las cantidades que cada uno aporta, por temor a las represalias que puedan sufrir en sus negocios ya que esas aportaciones van destinadas a la financiación de presos de ETA que se encuentran cumpliendo condena". Es decir, que no se trata del chantaje habitual de ETA, conocido como "impuesto revolucionario" –que se entregaba en cartas selladas por la banda-, pero sí es una forma de coacción a los comerciantes y pequeños empresarios del entorno de la banda terrorista. Concretamente, de las estructuras que tienen que ver con el colectivo de etarras en prisión.
Pese a todo, y desde el 20 de octubre de 2011, cuando ETA anunciaba un nuevo alto el fuego, los Gobiernos del PSOE y del PP asumen que se trata del cese "definitivo" de la violencia. Desde aquel momento, el Gobierno del PSOE, primero y del PP, después, han tratado de normalizar la situación y destacar la permanencia del llamado "alto el fuego", sin destacar actividad terrorista, ni callejera, ni armada.