La Junta de Andalucía (o el PSOE andaluz) ha dado varios ejemplos en los últimos meses de recolocaciones de ex altos cargos salpicados por procesos judiciales (imputados la mayoría en algún delito o señalados por la Guardia Civil como mínimo) a los que han recolocado en otro puesto público pese a las sospechas que penden sobre ellos. Casi todos están vinculados a la trama de los ERE.
Se trata del ex director general de Trabajo, Daniel Rivera; el exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá; el ahora diputado nacional y exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, y la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez.
En los dos primeros casos (Rivera y Barberá), la Junta ha justificado su reintegro en la Administración porque se encontraban en excedencia de su puesto.
Caso Daniel Rivera
La Junta de Andalucía mantuvo en su cargo como director general de Trabajo a Daniel Alberto Rivera hasta el mes de junio de 2012 (con el cambio del equipo de Gobierno tras las elecciones autonómicas).
Rivera fue imputado por la jueza que lleva el caso de los presuntos ERE fraudulentos en Andalucía en el mes de enero. Griñán defendió su mantenimiento en el cargo porque decía que la juez "no le imputaba ningún delito concreto". Apenas tres meses después de cesar en el cargo, Rivera se incorporó a una empresa pública dependiente de la Junta.
En concreto, se trataba de Empresa Pública Hospital de Poniente, donde el propio Rivera había obtenido plaza en 1997 como técnico superior. Fue en abril de 2010 cuando pidió excedencia para ocupar un cargo en la Consejería de Empleo.
Tras su cese se reincorporó a la empresa, aunque los sindicatos denunciaron que se creó una nueva plaza para él (como responsable de compras del Hospital de El Toyo), ya que no existía la que ocupaba antes de su excedencia.
Caso Agustín Barberá
Agustín Barberá fue viceconsejero de Empleo entre 2004 y 2010. Está imputado por cuatro presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos y falsedad en documento oficial en el caso de los ERE.
La propia Junta ha explicado que en abril de 2010, cuando cesó como viceconsejero, Barberá se reincorporó como asesor técnico de la Delegación del Gobierno de la Junta en Cádiz. La Junta explica que Barberá es funcionario del cuerpo superior de administraciones generales desde 1989 y que la ley obliga a reingresar en la Administración Pública a todos los funcionarios que han desempeñado cargos de responsabilidad en la Junta cuando cesan de ellos. Los sindicatos han denunciado que el puesto de Barberá en Cádiz es "virtual" y que no tiene funciones reales.
Caso José Antonio Viera
El ahora diputado socialista en el Congreso, José Antonio Viera, fue consejero de Empleo cuando ocupaba su cargo como director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el teórico cerebro de la trama de los ERE. Es decir, que era el inmediato superior del cargo más relacionado con la trama.
Aunque no esté imputado, Viera era el consejero del ramo en el momento que se organizó toda la trama, según consta en un informe de 300 páginas realizado por la Guardia Civil, que considera que tenía que conocer la existencia del procedimiento. Ocupó ese cargo entre 2000 y 2004 (la Guardia Civil cree que la trama arranca en ese año 2000).
A partir de 2004 fue delegado del Gobierno en Andalucía hasta 2007 y ha sido secretario general del PSOE en Sevilla desde 2004 hasta 2012. En las elecciones de noviembre de 2011 consiguió acta de diputado por la provincia de Sevilla.
Caso exalcaldesa de Jerez
Pilar Sánchez, alcaldesa de Jerez entre 2005 y 2011, tiene abierto juicio oral por el caso asesores, en el que se le imputan presuntos delitos de prevaricación por la contratación fraudulenta de cinco personas.
Acaba de ser nombrada directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, dependiente de la Consejería de Educación y con rango de alto cargo.
Caso Antonio Fernández
No es un caso concreto de recolocación, pero sí de lo que puede ocurrir con un despido improcedente a un alto cargo.
Antonio Fernández es, junto a Francisco Javier Guerrero, el único cargo que ha pasado por prisión por el caso de los ERE. Fue consejero de Empleo entre 2004 y 2010.
En noviembre de ese año 2010, Fernández asume la presidencia del Consejo Regulador del Marco de Jerez, de donde es despedido en abril de 2012 cuando la jueza ordena su ingreso en prisión.
Fernández recurrió aquel despido y la Audiencia de Jerez acaba de declarar (el pasado 30 de enero) improcedente aquel despido.