Desde 2011, la Consejería de Medio Ambiente dispone de un informe desfavorable al proyecto que Petroleum Oil & Gas España (Gas Natural) pretende acometer en el entorno del parque natural de Doñana y que el pasado lunes fue aprobado por el gobierno. Es un estudio jurídico que considera "inviable" la instalación, al hacer referencia a la compatibilidad jurídica y se centra en las actividades, actuaciones y usos compatibles del parque natural en función de su zonificación.
El informe, según Europa Press, recoge que el Plan de Orientación de Recursos Naturales del Parque Natural de Doñana (PORN) regula los aprovechamientos mineros y demás recursos geológicos, al tiempo que establece que en las zonas de Reserva -Zona A- se consideran "incompatibles las nuevas actividades de investigación y aprovechamiento de los yacimientos minerales y demás recursos geológicos".
El silencio de la Junta, que no ha ejercido su derecho a intervenir, es más clamoroso todavía porque ya en 2009, momento en que el x presidente Felipe Gonzalez fue nombrado inesperadamente Presidente del Consejo de Participación de Doñana, recuerda El Mundo, la Consejería de Medio Ambiente decretó que las actuaciones del proyecto Saladillo no eran incompatibles con la conservación de los valores del Espacio Natural de Doñana. Además, en sus alegaciones la Dirección de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales tan solo hizo referencia a que la empresa debería incluir medidas para que las obras de montaje del depósito de gas no dañaran el entorno.
El informe en poder de Medio Ambiente dice que "imposible desde un punto de vista jurídico concretar si los citados trabajos [del proyecto] se encuentran amparados en la concesión" que data de 1995.
Del Proyecto Saladillo, el documento manifiesta que prevé la sustitución de uno de los gaseoductos existentes por uno de mayor diámetro sin modificar su trazado y, aunque no se especifica, afecta a la Zona A del parque, por lo que "en principio esta infraestructura resultaría incompatible, al afectar a Zona A". Y en cuanto al proyecto de almacenamiento subterráneo de gas natural -Marismas B-1, Marismas A y Marismas C-2- el informe reconoce que al estar asociada a las concesiones en su momento otorgadas para la explotación de yacimientos ha de considerarse como una nueva actividad, por lo que la misma y las actuaciones que sean necesario ejecutar para su puesta en marcha se encuentran sometidas al régimen de autorización previsto en la ley siempre que afecte al ámbito territorial de Doñana.
Crece la oposición y se divide el bipartito andaluz
La organización Ecologistas en Acción pedirá a la Comisión Europea (CE) que no dé el visto bueno al proyecto porque "es esencial garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats, siguiendo la normativa europea y los pozos de extracción y gasoductos parecen del todo incompatibles con ese objetivo". Por su parte, WWF ha exigido a la Junta que emita un informe "negativo" contra el proyecto, que ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental favorable del Gobierno central. La organización recordó que proyectos como éste, que afectan a espacios incluidos en la Red Natura 2000, necesitan, al margen de la DIA, un informe de no afección por parte de la comunidad autónoma. Los ecologistas consideran que la Junta no debe dar el visto bueno a un proyecto que va a convertir Doñana en "almacén de gas permanente al servicio de una empresa privada".
Por otra parte, el almacenamiento de gas en Doñana que promueve la empresa de la que es accionista Felipe González ha comenzado a producir una nueva grieta en el bipartito de izquierdas que gobierna Andalucía. IU-CA solicitó ayer una reunión urgente con el consejero de Medio Ambiente, Luis Planas, con el objetivo de que esta consejería explique los motivos del apoyo de la Junta, que aceptó sin condiciones y sin solicitar compensaciones económicas que la filial de Gas Natural Fenosa (empresa Petroleum Oil Gas-España) almacene gas en el espacio natural. Y ya ha anunciado la movilización contra el proyecto.
Diego Valderas, vicepresidente del gobierno Griñán y coordinador de IU en Andalucía, exigió a su propio gobierno que fije una posición clara en defensa de ese patrimonio medioambiental frente a los intereses industriales de la empresa de la que es accionista y consejero independiente Felipe González. "Doñana es Patrimonio de la Humanidad", declaró criticando el papel que ha jugado el expresidente Felipe González en Doñana desde que fue nombrado en 2009 presidente del Consejo de Participación del parque a la vez que era accionista de la empresa que explotará el subsuelo del parque.