"La única finalidad de la creación del Instituto Nóos por parte del señor Urdangarín y de su socio Diego Torres no era otra que crear la cobertura necesaria de una asociación sin ánimo de lucro, para entendernos, como una especie de ONG dedicada a proyectos sociales, en este caso relativos al deporte, con la finalidad de poder acceder a los fondos públicos a través de la figura de Convenios de Colaboración, aparentar que no perseguían fines lucrativos y onerosos, rodearse de esa aureola de falta de ánimo de lucro para que, no sólo nadie sospechara, sino que encima les albergara ese paraguas de bondad y de ayuda al prójimo".
De esta forma, el titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Palma de Mallorca, José Castro, relata cómo el marido de la infanta Cristina y el que fuera su socio defraudaron presuntamente a través del Instituto Nóos miles y miles de euros.
En un auto de 542 folios, el juez detalla las razones por las que impone una fianza de 8,189.448.44 a Urdangarín y Diego Torres. En la resolución, el instructor sostiene que hay "más que suficientes indicios de criminalidad" y de la comisión de cinco delitos por parte de ambos. En concreto aprecia "indicios racionales" de los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias de los que "podrían reputarse como autores" Urdangarin y Torres.
"Todo es una auténtica trama urdida por los imputados, para desviar fondos públicos en su beneficio, prevaliéndose de su condición de superioridad, para, con ánimo de lucro, hacer que la administración pública contratara con ellos de una forma total y absolutamente arbitraria buscando cuál era la mejor manera de vestir esa contratación fraudulenta e innecesaria", concluye el magistrado.
El juez asevera, además, en su auto que ambos no son "los únicos criminalmente responsables" y ha reprochado en este contexto el papel que desempeñaron las Administraciones públicas y más en concreto de quienes gestionaban el dinero que acabó desviado. El magistrado llega a afirmar que se limita a imponer la caución a Urdangarin y Torres "por exigencia de congruencia" con las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y el sindicato Manos Limpias, al considerar que "deviene imposible imaginar una disposición de fondos públicos en la que no intervenga de una manera activa o pasiva quien tiene encomendada su gestión".
De hecho, el juez asevera que los responsables de las Administraciones de Baleares y la Comunidad Valenciana, de las que el Instituto Nóos percibió el dinero supuestamente defraudado, son "merecedores de más intenso reproche ético y jurídico en tanto estarían quebrantando el especial deber que sobre los mismos pesa en orden a la correcta gestión de los fondos públicos que les han sido confiados".
"Parentesco con la Familia Real"
Respecto a esto, también habla de cómo usó el duque de Palma la figura de su mujer, la infanta Cristina, para conseguir sus contratos. El juez afirma que Urdangarín y Torres se pusieron de acuerdo para rentabilizar ante entidades privadas e instituciones públicas la "influencia" que se derivaba del "parentesco" del duque de Palma con la Casa Real.
"El señor Urdangarín, aprovechándose de su condición de miembro de la casa Real española, contactó con diferentes personalidades políticas de primer orden, tanto de la comunidad autónoma Valenciana como Balear para, después de proponer sus "proyectos", conseguir que los mismos fueran aprobados, y automáticamente se pusiera en funcionamiento el mecanismo administrativo tendente a intentar "vestir el santo" es decir, intentar dar una cobertura de aparente legalidad a una ilegalidad manifiesta que era la adjudicación directa y sin respetar ni una sola de las normas del procedimiento administrativo", subraya el juez Castro.
En el auto, el instructor del caso Nóos detalla con todo lujo de detalles cómo Iñaki Urdangarín y Diego Torres crearon un entramado de empresas y se pusieron de acuerdo "al objeto de rentabilizar hasta donde les fuera posible ante entidades privadas e instituciones públicas" la influencia de Urdangarín, "real o de obligada imaginación", con la Casa Real.
El juez, que hasta ahora se ha negado a citar a la infanta Crisitina ni como testigo ni como imputada, explicita que dicho parentesco deriva del matrimonio de Urdangarín con la infanta Cristina en 1997. Castro alude a esta "esfera de pretendido poder" que emplearon "unas veces de manera implícita y en otras de manera franca", y añade que en algunos momentos lo hicieron mediante documentos "con claras referencias a S.A.R. la Infanta Doña Cristina Federica de Borbón y a Don Carlos García Revenga, al que se le califica como asesor de la Casa Real".
"Se les hacía ver a los potenciales clientes", recoge el auto, que había "innumerables ventajas de prestigio y económicas" en el hecho de "contar con la colaboración de un miembro de la Casa Real y en algunos casos con el expreso añadido de la esposa de éste y del propio secretario de la institución".