La Junta de Andalucía privatiza parte de la gestión de la educación

Mientras el PSOE en Madrid incendiaba la calle contra la privatización de la sanidad, en Andalucía, el PSOE andaluz y la Junta contrataban servicios externos desde hace meses con un ente de su "administración paralela", el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, que, a su vez, hacía de intermediario ante empresas privadas, para la realización de una serie de servicios de apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de 1031 centros públicos. Lo más estridente es que se ha denunciado que muchas de estas empresas pagan a sus trabajadores a razón de cinco euros la hora, por debajo del salario medio del servicio doméstico por horas.

La privatización encubierta fue denunciada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios porque con esta decisión se ha marginado a los empleados públicos. Luego, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales -dependiente de la Consejería de Hacienda- paralizó cautelarmente el contrato suscrito en la provincia de Córdoba y finalmente el SAF ha solicitado al mismo órgano arbitral la suspensión de los restantes y ha exigido que se depuren las correspondientes responsabilidades.

La Consejería de Educación, a través del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE), adjudicó a finales de 2012 los contratos de los más de 1.000 centros. La empresa Clece se hizo cargo de las provincias de Sevilla, Huelva, Granada, Jaén y Málaga. Interlohp ganó el concurso en Almería y Sistemas Territoriales Integrados (STI) se adjudicó los de Cádiz y Córdoba. En estas dos últimas provincias es donde han surgido los primeros conflictos.

Relaciona ABC los diferentes importes de los contratos provinciales: en el caso de Córdoba, el importe del contrato para realizar servicios de apoyo y asistencia a la gestión académica y económica de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria, ascendía a 957.493,20 euros. El de Málaga, a 684.840 euros; Granada, 530.400; Almería, 585.000; Huelva, 224.640; Jaén, 447.720; Sevilla, 644.280, y Cádiz, 546.000. En total, más de cuatro millones y medio de euros.

Lo que se contrata con las empresas privadas son trabajos de gestión económica de los centros educativos, pero también preinscripciones, matriculaciones y grabación de datos personales de los alumnos, algo que en opinión del Sindicato debe ser una responsabilidad exclusiva de los funcionarios. De hecho, en el escrito presentado por el presidente del SAF, José Manuel Mateo, éste reclama la anulación de los contratos y que las atribuciones de los mismos recaigan en el personal funcionario de carrera.

A cinco euros la hora de trabajo

El Ejecutivo que preside el socialista José Antonio Griñán consiente que los salarios abonados a sus trabajadores sean, en muchos casos, tan bajos que caen incluso por debajo de la media del precio/hora del servicio doméstico.

El sindicato Ustea ha sido el que ha denunciado que los 200 trabajadores que desempeñan sus labores en 270 centros de las provincias de Cádiz y Córdoba padecían impago de salarios y reiterados incumplimientos, y aseguró que la empresa ofrece "sueldos de miseria" de 5 euros por hora de trabajo, mientras la empresa se lleva 8. Téngase en cuenta que las trabajadoras del servicio doméstico en Andalucía cobra entre 8 y 10 euros la hora. Dado que todos son contratos de obras y servicios, los días que estén enfermos, los festivos y las vacaciones no cobran. Los impagos han provocado ya las primeras protestas.