A finales de noviembre, UGT presentó expedientes de regulación de empleo que afectaban a 218 trabajadores. Para despedir por razones económicas, la organización necesitaba acreditar el estado de quebranto de sus cuentas y sus pérdidas y sus previsiones. UGT Andalucía preparó una documentación relativa a su estado financiero supuestamente real con 15 anexos que fueron entregados a los trabajadores. Pero el secretario general de la sección sindical de UGT, Francisco Serrano, afirma que un estudio independiente desvela que los números no encajan y que la organización sindical ha maquillado las cifras para poder despedir.
La Voz de Cádiz recoge la cifra que adujo el sindicato para promover los Expedientes: un agujero económico a fecha 30 de noviembre de 2012 de un importe de 3.652.660 euros, cantidad certificada por el propio sindicato, pero no por un órgano fiscalizador independiente. Como consecuencia, las previsiones entregadas a los trabajadores eran penosas y ruinosas aduciendo pérdidas de 4 millones de euros al final del ejercicio.
Según la UGT andaluza, su situación es consecuencia de una disminución progresiva de los ingresos -aportaciones de la Junta de Andalucía, afiliados y negocios propios- y la crisis económica de contexto. En las cartas de despido que recibieron los afectados por los expedientes se señala que 2011 acabó con unas pérdidas próximas a los 150.000 euros.
Una auditoría externa contradice los datos
En 2011, la propia Comisión Ejecutiva Regional que dirige Manuel Pastrana, encargó una auditoría externa para conocer el estado de las cuentas, un compromiso adquirido en el V Comité celebrado en Sevilla el 19 de octubre de 2011. En el acta de esa reunión se mencionó el momento en que Pastrana anunció que ya se había contratado una auditoría para "que haga un estudio más exhaustivo, real y certero" de la situación económica.
El informe fue finalizado el 15 de junio de 2012 y no aparecen números rojos. Al contrario: la auditoría firmada por la empresa BAT Gestión certificaba que UGT-A cerró 2011 con un resultado financiero positivo de 825.908,36 euros y un patrimonio neto y pasivo de 131.419.283,88. En este segundo apartado se incluyen las propiedades inmobiliarias que tiene la organización y las inversiones financieras realizadas. Como dato relevante, el sindicato atesora en Andalucía un parque inmobiliario entre locales, pisos y naves valorado en 19,5 millones, según el citado documento auditor.
Pero ese saldo positivo de casi un millón de euros y las conclusiones positivas del auditor no aparecen en la documentación que se entregó a la representación de los trabajadores. Tampoco coinciden las cifras relativas al patrimonio real de la organización. Así, de los 131 millones que certifica la empresa externa en cuanto al valor del patrimonio real de la organización en 2011, se pasa a una valoración de 126 millones por parte del sindicato, cinco millones menos.
A pesar de sus propios números, Pastrana y su Ejecutiva convocaban en julio a los trabajadores para plantearles modificaciones sustanciales de las condiciones laborales, que según los afectados suponían recortes de nómina entre un 40% y un 60%. Los empleados se negaron y en noviembre, la organización presentaba los expedientes de regularización.
Descubierto el "maquillaje"
El pasado mes de diciembre la sección sindical que negocia los despidos tuvo conocimiento de la Auditoría externa, precisamente en el momento de consultas en el que se negociaba el ERE y el ERTE y que se cerró sin acuerdo. Francisco Serrano, responsable de la Sección declaró: "Les preguntamos por esos resultados y la respuesta que obtuvimos es que se refería al ejercicio de 2011 y que en 2012 la situación había empeorado. Es una prueba más de que esas cuentas no son reales y se han maquillado para justificar unos despidos de la peor manera posible".
La sospecha de los trabajadores se apoya, además, en el hecho de que UGT Andalucía, organización privada sin ánimo de lucro está exenta de elaborar las cuentas anuales, auditarlas y presentarlas en el Registro Mercantil, a lo que están obligadas la inmensa mayoría de las empresas españolas. Esto es, sus cuentas no son supervisadas por ningún órgano fiscalizador independiente como por ejemplo el Tribunal de Cuentas.
La representación de los más de 200 trabajadores afectados en Andalucía por los expedientes planteados por UGT ha puesto toda esta documentación en manos de una economista, que ya les ha anticipado que las cuentas presentadas por la dirección "no encajan". Las conclusiones del contrainforme que están elaborando se incluirán en la demanda que presentarán ante el TSJA con el objetivo de tumbar los despidos y recortes de nómina que ha impuesto la organización.