La exdirectora de Invercaria y un sobrino de Felipe González declaran ante la Policía

Parecía olvidado, pero la Policía y los juzgados sevillanos siguen adelante con su investigación. Laura Gómiz, la que fuera presidenta de Invercaria, ha sido interrogada ayer martes por la Policía dentro de la investigación que lleva a cabo el juzgado de instrucción número dieciséis de Sevilla por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Gómiz ha prestado declaración ante la Unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía.

Precisamente, durante la mañana de hoy, según ABC,  se está tomando declaración al sobrino de Felipe González, Juan María González, que fue también presidente de esta sociedad. González cesó hace unas semanas del cargo que ocupaba en la Consejería de Economía como secretario general de Innovación, Industria y Energía. El juzgado investiga la empresa pública de inversión y capital riesgo de la Junta de Andalucía por un supuesto delito de malversación de caudales públicos.

El Mundo añade que la citación de Gomis se ha producido a raíz de las indagaciones de la Policía Judicial, dentro del caso Invercaria, sobre la empresa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), constituida con capital público de Invercaria y algunos socios privados, y cuya actividad está en cuestión. Además de Laura Gómiz, también se ha llamado a declarar a otros trabajadores actuales y anteriores de Invercaria, la sociedad creada por la Agencia Idea de la Junta de Andalucía.

Laura Gómiz fue presidenta de Invercaria tras la salida de la empresa de Juan Manuel González Mejías, sobrino de Felipe González. A Gómiz se le ha acusado, entre otras cosas, de montar y falsear expedientes para justificar el reparto de las ayudas a raíz de la auditoría iniciada por la Cámara de Cuentas, en la que se revelaba un reparto sin control y arbitrario de los fondos públicos.

El caso Invercaria

En el caso Invercaria, el juzgado investiga el reparto de 21,5 millones en ayudas a empresas sin publicidad ni procedimiento reglado. Además, la Policía Judicial considera que la empresa pública, dependiente de la Junta de Andalucía, podría haber remitido información falsa a la Cámara de Cuentas para ocultar irregularidades.

El último episodio de esta falta de colaboración se evidenció en diciembre de 2012. Aunque el gobierno andaluz de PSOE e IU niega que exista caso Invercaria, el juez de instrucción número 16 de Sevilla seguía investigando las inversiones y préstamos millonarios concedidos sin control a empresas, que condujeron a unas unas pérdidas de más de 30 millones de euros.Entonces, se supo que había una nueva providencia con fecha 30 de noviembre en la que el magistrado Juan Gutiérrez Casillas atendía a todas las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y exigía a la sociedad pública que justificara sus inversiones en 41 empresas. Dado el comportamiento negligente de la Junta en ese caso, el juez le dio un nuevo ultimatum de tres días para la entrega de la documentación. 

El juez pidió a la Junta «los procedimientos internos de selección de inversiones para los ejercicios de 2006 a 2008 poniendo el foco sobre la gestión en los años anteriores a la auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre 2009 que destapó las irregularidades. El juez investiga, pues, la supuesta malversación de fondos públicos por el reparto de préstamos participativos al margen de cualquier norma, el incumplimiento de las normas de contratación y pagos irregulares al personal directivo de esta sociedad pública que manejó 60 millones entre 2005 y 2009.

Ante la desidia de la Junta, el juez fue taxativo y «en el plazo inexcusable de tres días» le exige remita esta documentación «al tratarse de información que ha de obrar en los expedientes de la sociedad». De lo que se trata es de saber qué criterios se siguieron, si objetivos o arbitrarios, como parece, para apoyar con fondos públicos proyectos empresariales, la mayoría de los cuales resultaron un fiasco y algunos estaban vinculados a excargos próximos al PSOE.

Muy espectacular es el caso de Andalus Líneas Aéreas, que apenas operó 17 meses y estaba presidida por José María Martín Delgado, exconsejero de Cultura del gobierno de Manuel Chaves. Catalogada como empresa bandera por la Junta, entre 2008 y 2009 recibió un préstamo de 1,1 millones de Invercaria,. Por eso ahora el juez pidió a la agencia IDEA de la Junta, propietaria de Invercaria, los expedientes completos de las subvenciones, avales y préstamos concedidos al operador aéreo y cualquier informe relativo a la sociedad de capital riesgo. También le requiere a Andalus los libros contables y cuentas anuales.

El caso Informática Graef SL y los ordenadores gratis de la Junta

El juzgado ha requerido a la Junta de Andalucía información de todos los contratos adjudicados a proveedora habitual de ordenadores de la Administración autonómica desde 1994 y a la que ya investigaba por cruzar facturas falsas con otra empresa beneficiaria de ayudas de la sociedad pública de capital riesgo, añade El Mundo.

De este modo, el Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla accedía a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ordena a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo que le remita «información detallada» de todas las adjudicaciones de «contratos de suministros e instalación de equipamiento informático en centros de la red Guadalinfo». Ahora en concurso de acreedores, Informática Graef ha ganado más de un centenar de concursos por un montante de unos 30 millones de euros. Entre otros suministros, proveyó los portátiles que la Consejería de Educación repartía a los alumnos de quinto de Primaria.

Informática Graef , empresa jiennense, recibió dos préstamos de Invercaria por 1.180.000 euros. La Agencia Tributaria detectó que la empresa EDM había girado facturas falsas a Informática Graef por 6,9 millones de euros y que Informática Graef facturó a EDM otros 7,3 millones por conceptos ficticios.

El juez libró además un oficio a la Agencia Tributaria para que le informara sobre las declaraciones fiscales presentadas por la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Informática Graef y EDM en 2008 para el suministro e instalación del equipamiento informático, nada menos que de 637 centros de acceso público a internet de la red Guadalinfo.

Además, el juez ordenaba al secretario judicial que transcribiera las cintas grabadas por el ex directivo Cristóbal Cantos en las que la ex presidenta de Invercaria Laura Gomis ordenaba el montaje de expedientes para oscurecer o tapar lo que se había hecho realmente y que ahora son pruebas del caso. 

 Cristóbal Cantos fue el técnico especialista de alto nivel y cualificación, con formación en Estados Unidos y Europas, que denunció el caso Invercaria cuando Laura Gomis, la entonces presidenta, intentó presionarle para que contribuyera a la realización de falsos documentos para justiicar la distribución de fondos públicos entre empresas que no reunían las más mínimas condiciones. No recurrió a él porque fuera afín sino porque era de los muy pocos capaces de hacerlo. Al negarse, fue amenazado con el despido, cosa que ocurrió no sin que, antes, el propio Cantos hubiera grabado algunas de sus conversaciones con la ya ex presidenta. 

Como consecuencia de ello, fue despedido y además, fue denunciado en los Tribunales por la propia sociedad Invercaria por un delito contra la honorabilidad de la empresa, falsedad y estafa procesal. Durante un tiempo, la Junta intentó demostrar que las grabaciones a Laura Gomis estaban trucadas, pero se demostró que no era así.

Cantos, un hombre todavía joven, permanece sin trabajo desde entonces. Por una parte, muchas empresas privadas no quieren contaminarse con el caso ni "señalarse" con la Junta. En las públicas, la Junta lo ha condenado al exilio profesional. Tras sufrir durante meses una intensa depresión por el paro y por las amenazas recibidas, sigue sin encontrar trabajo y en la actualidad prepara su defensa, reafirmándose en todas sus actuaciones.