2,4 millones de euros del fondo de reptiles de los ERE, partida 31L, fueron a ejecutivos de la empresa pública de la Junta, Santana Motor, para incentivar su permanencia en los puestos. Fueron seis los directivos que percibieron el dinero para que no se fueran de la empresa durante un año o año y medio.
Según el documento que analiza ABC, el que fuera director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, firmó en julio de 2002, siendo entonces Manuel Chaves presidente de la Junta de Andalucía, otorgar indemnizaciones "para el conjunto de dirección" de la empresa Santana Motor por un valor de 2.230.014 euros que salió de la partida 31-L, la misma de los ERE, las ayudas fraudulentas a empresas y otros usos innobles.
Al parecer y como consta en el documento, se trataba con ese dinero que esos seis directivos siguieran al frente de la empresa por espacio de 18 meses más "siendo consciente de que la permanencia de dicho grupo era fundamental para el lógico desarrollo y continuidad del mencionado Plan de Acción", dice el texto.
Como ya era habitual en el caso de los ERE, la vía de pago fueron pólizas de seguros que se contrataron a través de la mediadora Ingotor, propiedad de González Mata, junto con Uniter, con la aseguradora La Estrella, hoy Generali Seguros, las mismas aseguradoras que están siendo investigadas porque recibieron "sobrecomisiones" del dinero procedente de los ERE fraudulentos.
La mayor indemnización fue la pagada al entonces consejero delegado de Santana, Ricardo Ibarreche de más de 772.000 euros. Luego se indemnizó con 412.000 euros al director comercial, Joaquín Lasheras y con otra cantidad idéntica al director general Antonio Navarro. Otros dos directivos, Nicolás Berenguer y Esperanza Martínez lograron 206.000 y 386.000 euros respectivamente de indemnización. La póliza fue contratada por Santana Motor y la primera ascendente a 2.230.014 fue abonada con cargo al programa 31L por el Instituto de Fomento de Andalucía, hoy IDEA, por orden expresa del entonces director general de Trabajo, uno de los principales imputados en el caso y que salió de la cárcel el pasado octubre.
La investigación que se realiza en torno a este nuevo fleco del caso de los ERE está incluida bajo el secreto parcial del sumario decretado por el Juzgado. Recuérdese que la pasada semana la juez Curra envió a prisión a uno de los supuestos testaferros, Juan Francisco Algarín, después de imputarle cinco delitos. Algarín admitió que recogió sobres de dinero en Mercasevilla y los llevó a bares cercanos a la Delegación de Empleo en Sevilla.
El PSOE estudia querellarse contra 'ABC'
Esta es la portada que ha escandalizado al PSOE porque afecta a la imagen del secretario general socialista, Pepe Griñán. En opinión del vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez, la portada de ABC es "totalmente gratuita e injustificada en términos de información" por la inclusión de Griñán en este artículo "de forma malintencionada" entre un grupo de imputados o condenados en distintas causas judiciales por corrupción, por lo que el partido exige al periódico una rectificación inmediata y en las mismas condiciones en que ha sido publicada la citada información.