La juez sustituta de Alaya envía a prisión a un testaferro de los ERE

La juez Curra, sustituta de Mercedes Alaya, en el juzgado de los ERE, decretó el martes de madrugada el ingreso en prisión de Juan Francisco Algarín, a quien ha imputado cinco delitos: blanqueo de capitales, asociación ilícita, cohecho, malversación y falsedad.

Algarín es uno de los supuestos testaferros que, junto con Eduardo Leal y el mediador Juan Lanzas, fue el encargado de cobrar cheques de las mediadoras y cuyo destino está siendo investigado por el juzgado en una pieza separada del resto del sumario que aún continúa bajo secreto.

Según uno de los oficios, Algarín habría cobrado cheques por valor de 362.000 euros. Algarín, de 48 años, que está en un centro de acogida siguiendo un programa de rehabilitación, podría haber entrado ya en prisión. Fuentes judiciales cuentan que fue interrogado este lunes por agentes de la UCO durante cinco horas y por la noche el juez de guardia hizo lo propio hasta pasadas las dos de la madrugada.

La nueva detención se enmarca dentro de la investigación que fue declarada secreta por el exjuez sustituto de instrucción número seis, Iván Escalera, después de que la Guardia Civil así lo solicitase tras encontrar indicios de supuestos delitos de blanqueo de capitales, cohecho y asociación ilícita y se ampliara la investigación.

Se trata ya de conocer el destino de los fondos ilícitos y confirmar si el dinero de los ERE volvió a los ex altos cargos de la Junta de Andalucía que se quedarían con una parte de las comisiones. De hecho, el secreto del sumario se decretó, según ABC, para investigar el supuesto enriquecimiento personal del exconsejero Antonio Fernández, el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, y el exmediador Juan Lanzas.

En ese contexto Algarín es uno de los testaferros -su nombre figura en varias empresas de mensajería- que cobró numerosos cheques de las mediadoras e incluso sobres con dinero. De hecho, según uno de los oficios de la Guardia Civil, Algarín pudo cobrar más de 363.000 euros en cheques de esas supuestas comisiones ilegales de los ERE fraudulentos.

La investigación de la Guardia Civil

Un informe de la UCO notificado en septiembre al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que investiga los ERE fraudulentos, concluía que el conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, Estudios Jurídicos Villasís y el holding Vitalia "utilizaron" al menos a tres empresas "pantalla" con el objetivo de "introducir en el circuito financiero, dotando de apariencia de legalidad, el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas suscritas con financiación de la Junta, en las cuales éstos participaron".

En dicho oficio, recogido por Europa Press, la Guardia Civil dice que, "en el estado actual de las investigaciones, existen indicios" de que Lanzas, el bufete de abogados Estudios Jurídicos Villasís y Vitalia habrían "utilizado" como "empresas pantalla" a tres sociedades dedicadas a la mensajería, como son Atrado Mensajería, Estudios Agenciales S.L. y Distripack Transporte Urgente S.L., ninguna de las cuales permanece activa en la actualidad.

En el caso de Distripack Transporte Urgente S.L., aquel informe de la UCO se refería a Juan Francisco Algarín como uno de sus administradores solidarios sobre el que "se ha podido comprobar cómo ha mantenido relaciones económicas -ingresos- con una serie de empresas beneficiarias de ayudas entre los años 2001 y 2006, en cuya concesión Juan Lanzas habría desarrollado un importante papel, y con empresas vinculadas de una u otra manera a éste".

¿Volvió dinero a los altos cargos de la Junta?

¿Por qué pagó la Junta comisiones desorbitadas durante 10 años cuando podía haber eludido ese pago, como ha demostrado el hecho de que el Gobierno andaluz acordara el pasado 16 de octubre de 2012 prescindir de los intermediarios en los ERE y asumir el abono directo a las aseguradoras?

Los comisionistas de los fondos de los ERE, fondos con destino a los parados andaluces, lograron llevarse porcentajes de hasta el 25 por ciento por "gastos externos" para garantizar la renta, decían, a los prejubilados de los ERE. Hacían de puente entre los prejubilados, que no decidían, y la Junta, que sí consentía.

Como la Junta nunca convocó un concurso público, sólo dos consultoras se repartieron el pastel como consecuencia del hundimiento de la escasa industria andaluza, desde Santana a Delphi: Vitalia -hasta 2005- y Uniter. La tarifa, variable en cada caso, oscilaba entre un 8 y un 25 por ciento.

Además, Juan Lanzas, exdirigente jiennense de UGT y amigo del ex director general de Trabajo Javier Guerrero y de muchos otros altos cargos socialistas, "consiguió", según La Guardia Civil, alrededor de 1,8 millones en comisiones que desviaba a una red de empresas pantallas con testaferros y en conexión con el bufete de abogados Villasís -para el que trabajó- y Vitalia. Recuérdese que el exabogado de José María Ruiz Mateos destapó pagos en dinero B, en sobres de hasta 25.000 euros, que habrían ido a parar al bolsillo de Lanzas por cada ERE subvencionado al empresario jerezano donde el sindicalista medió.

Entre 200 y 300 millones pudieron costarle a la Junta las comisiones. El corretaje de los ERE, sigue ABC, dependía de los bufetes jurídicos que también sacaban tajada, al igual que los sindicatos UGT y CCOO -que se llevaron hasta un 1% de las ganancias- y los "conseguidores".

Pero, ¿cuál fue el destino final de parte de ese dinero? La Guardia Civil sospecha que al menos una parte volvió a los bolsillos de excargos de la Junta. La consultora Vitalia invirtió fondos obtenidos con las comisiones en bonos basura del ladrillo y el dinero se perdió en operaciones inmobiliarias de alto riesgo en Rumanía o Brasil.