Estrasburgo vuelve a avalar la ilegalización de una marca batasuna

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, ha fallado hoy por unanimidad que España tenía buenos motivos para ilegalizar la formación proetarra Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV). La decisión del tribunal con sede en Estrasburgo, al que distintas marcas han acudido en los últimos años con la esperanza de hacer de altavoz a sus pretensiones –lo que en argot abertzale se denomina "internacionalizar el conflicto"- echa por tierra los argumentos batasunos de que España había vulnerado los derechos de asociación y libertad de expresión al ilegalizar ANV.

Estrasburgo ha avalado el criterio del Constitucional español, así como los argumentos del Tribunal Supremo, al reconocer que, efectivamente, como sostuvieron ambos entre 2008 y 2009, ANV no es más que un nuevo nombre para la ilegalizada Herri Batasuna y que, por tanto, está vinculada a la banda terrorista ETA. "La parte demandante no ha demostrado que la disolución fuera motivada por razones distintas a las esgrimidas por las jurisdicciones internas". Éstas son, recordemos, la negativa de ANV a condenar los atentados de ETA y su colaboración con miembros de la ilegal Batasuna durante y tras las elecciones locales de 2007. Los magistrados de Estrasburgo, por tanto, no ven vulneración alguna de los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos sobre la libertad de expresión y el derecho de reunión y de asociación, en la decisión del Estado español, que ven fundamental "para mantener la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y las libertades".

La historia se repite

En su resolución publicada este martes, los ocho magistrados que componen la sección tercera del tribunal recogen con todo detalle el periplo de Batasuna bajo sus diferentes siglas por las distintas jurisdicciones y recuerda que la formación ya había acudido a Estrasburgo, obteniendo un fallo parecido en diciembre de 2010, cuando el tribunal estimó que las autoridades judiciales españolas rechazaron las listas electorales que habían sido presentados al detectar "lazos inequívocos" entre esas listas y los partidos ilegalizados por su vinculación a la banda terrorista.

Entonces, el tribunal reconoció por unanimidad que eran instrumentos de la estrategia terrorista de ETA, además de recordar que la ilegalización fue "proporcional al fin legítimo perseguido" y "necesaria en una sociedad democrática".