El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado que no habrá beneficios para los presos de ETA aunque la banda se disuelva, puesto que entiende que la disolución es "una obligación con el Estado de Derecho" que tiene la organización terrorista.
En una entrevista concedida a La Razón y que recoge Europa Press, Ruiz-Gallardón ha descartado esta posibilidad resaltando que no se debe "condicionar una cosa a la otra". "La disolución es una obligación con el Estado de Derecho que tiene la banda y las penas que están cumpliendo sus presos lo son por delitos que ya han cometidos", ha señalado.
Respecto a una posible independencia de Cataluña, ha resaltado que si el presidente de la Generalidad, Artur Mas, persiste en su propuesta "secesionista", el Gobierno "actuará con la Constitución y la ley". "Mi obligación es dar por supuesto que todas las autoridades del Estado, entre las que se incluyen, lógicamente, el presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, van a cumplir la Ley. Pero si tal cosa no se produjese, naturalmente que habría una respuesta por parte del Gobierno", ha afirmado.
Sobre la propuesta de federalismo que contempla el PSC, Ruiz-Gallardón ha explicado que "no cabe en España", puesto que sería una iniciativa "para unir lo que está separado". Además, ha defendido el pacto entre la Fiscalía y los acusados de Unió por el caso Pallerols puesto que "está dentro de los supuestos" previstos por la ley y se reconoce el delito por parte de los acusados.
Justifica el indulto a los mossos
Asimismo, ha justificado el indulto a dos mossos d'esquadra condenados por torturas recordando, entre otras cosas, que fue solicitado por la propia víctima. "Los indultos hay que considerarlos individualmente, como casos concretos, ya que no es una desautorización ni rectificación de la condena, sino una medida de gracia a cada supuesto concreto", ha destacado.
Además, en cuanto a las tasas judiciales, ha explicado que nadie que no tenga recursos perderá el derecho de poder acudir a la Justicia. "Es un sistema justo y equitativo y además nos gustaría que tuviera un efecto disuasorio que consideramos necesario", ha aseverado, en alusión a la elevada cifra de asuntos judiciales en España en comparación con otros países europeos.
Por último, el ministro considera que la actual planta judicial "no es suficiente", por lo que garantiza una convocatoria periódica de oposiciones. A pesar de ello, ha asegurado que su Ministerio es "consciente de que en los tiempos de crisis actuales no se podrá aumentar al ritmo que le gustaría".