UDC y cuatro acusados en una trama de presunta financiación irregular del partido en los años noventa tendrán que devolver conjuntamente 388.483 euros defraudados, de los que este martes por la mañana han abonado 300.000, han informado fuentes judiciales tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre el fiscal y las partes.
El partido –a título lucrativo y como responsable civil subsidiario– y los cuatro condenados en esta trama –los otros dos, Dolors Llorens y María Cruz Guerrero– han quedado libres de cargos con el acuerdo– hacen frente conjuntamente a esta cantidad que se ha acreditado que se defraudó y que es la misma cifra que la Generalidad había reclamado como parte afectada. El partido democristiano logra, así, suspender el proceso por la financiación ilegal del partido al aceptar su responsabilidad por el desvío de fondos.
Tras semanas de negociación, acusaciones y defensas han llegado este martes a un pacto en el que los procesados, entre los que figuraban exaltos cargos y militantes de UDC, han aceptado los hechos de los que les acusaba la Fiscalía por el caso Pallerols, relacionado con el fraude en ayudas para la formación procedentes de la Unió Europea.
El pacto ha sido posible después de que el Ministerio Público, que inicialmente pedía para los procesados penas de hasta 11 años de prisión, se haya avenido a rebajar las penas y las indemnizaciones que solicitaba en un principio, parte de las cuales han sido asumidas económicamente por UDC como responsable civil subsidiaria y partícipe a título lucrativo de la trama.
UDC ha conseguido de esta manera evitar que el caso salpicara al partido durante los tres meses que se preveía durara el proceso judicial y en el que el líder del partido, Josep Antoni Duran Lleida estaba citado a declarar como testigo.