Jesús Castizo Matas, vecino del municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra, pidió información oficial sobre la normativa local de aires acondicionados y le cobraron 33,55 euros por la respuesta que le enviaron por escrito, un copia y pega de dos normas legales firmado por dos jefes de sección.
No es una tasa anómala o salvaje, sino que está entre las aprobadas por el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira, regido por el asimismo senador Antonio Gutiérrez Limones (PSOE). Su comportamiento como alcalde dista de las prédicas socialistas habituales donde se glorifica "lo público" porque, a la vista de los hechos, en su Ayuntamiento lo público funciona más comercialmente que una empresa privada que no cobra por dar información propia.
Según cuenta El Mundo, el vecino Castizo Matas pidió información en la página web municipal sobre un acto cultural. Al comprobar que pasaban los meses y no le contestaban tras haber pasado dos años quiso que su nueva consulta fuese por escrito y en el registro, para que el Ayuntamiento tuviera que responder.
Castizo preguntó al Ayuntamiento sobre la normativa municipal aplicable sobre los aparatos de aire acondicionado colocados habitualmente en las fachadas de los edificios andaluces para resolver por la vía del diálogo un vertido de agua que procedía del aparato de aire de un vecino. Su escrito de solicitud de información entró en el Registro del Ayuntamiento el 5 de agosto de 2011 y el 11 de septiembre siguiente le llegaron dos hojas firmadas por el jefe del servicio jurídico y el jefe de sección de Licencias Urbanísticas, donde le copiaban los artículos 250 y 278 del Plan General de Ordenación Urbana de Alcalá, sobre instalación de aires acondicionados en fachadas.
28,45 euros más un recargo de demora
Pero a la semana siguiente, le llegó otra carta, ahora del servicio de recaudación ARCA, con un recibo de 28,45 euros en concepto de "Tasa de licencia urbanística" y "Expedición de informe urbanístico". La cantidad se elevó a 33,55 euros por un recargo de demora producido por no haber pagado en su momento lo que consideró un disparate. Como no tenía dinero para iniciar un pleito contencioso-administrativo en los tribunales, recurso que ahora será asimismo gravada con nuevas tasas, lo denunció en el Defensor del Pueblo Andaluz, que en tres ocasiones requirió información al Consistorio desde el 7 de mayo, sin obtener respuesta en meses.
El Ayuntamiento defiende su comportamiento diciendo que lo se hace por escrito cuesta dinero. Alcalá de Guadaira tiene un número de información telefónica pública, el 95 497 91 00, pero no funciona adecuadamente. Fuentes municipales explicaron a Diario de Sevilla que las peticiones que entran por el Registro hay que contestarlas por escrito y que eso está sujeto a una tasa, y que si Jesús hubiera ido a ventanilla algún funcionario le habría informado verbalmente sin coste alguno.
El mismo vecino denunció que una fuente del parque infantil de su barriada no funcionaba y la solución municipal fue quitar la fuente.