Tras la reiterada utilización de la terminología "preso político para referirse a los presos asesinos de ETA" por parte del periódico Gara, la asociación Dignidad y Justicia anuncia que emprenderá acciones legales contra dicho periódico, los autores firmantes de las informaciones y "si fuera necesario" contra el propio director de Gara Iñaki Soto, informa la asociación en un comunicado.
Gracias a la investigación realizada en la revista de la Fundación de Víctimas del Terrorismo durante los últimos meses, el pasado mes de octubre la asociación Dignidad y Justicia envió una carta certificada a Iñaki Soto informándole de que el periódico Gara había utilizado desde el mes de marzo de 2012 las expresión "preso político" más de 200 veces y que estaba "humillando a las víctimas del terrorismo utilizando una expresión ofensiva y contraria a la Ley de Protección y Reconocimiento de las víctimas del terrorismo.
Igualmente, enviamos una carta muy similar durante las mismas fechas al diputado general de Guipúzcoa Martin Garitano y al alcalde de San Sebastián Juan Carlos Izaguirre, solicitándoles que nunca más utilizaran esta terminología tan dañina a los sentimientos de las víctimas del terrorismo". Mientras tanto Garitano como Izaguirre siguieron las indicaciones de Dignidad y Justicia y dejaron de usar públicamente esta expresión, el periódico Gara ha hecho caso omiso y ha continuado usando esta expresión para referirse a los presos de ETA.
Explica DyJ que el diccionario de la lengua española define "preso político" como cualquier persona física que se mantenga en la cárcel o detenido por ideas que supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido. "Está bien claro que ningún asesino de ETA representa esta definición, pues ningún asesino puede compararse con un preso político que por sus ideas esté en la cárcel como pueda suceder en países dictatoriales como Cuba".
Dignidad y Justicia se acoge para su denuncia al artículo 61 de la Ley 29/2011 de 22 de septiembre de Reconocimiento y Protección de las victimas del terrorismo que establece:
"El Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de exhibir públicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas. Las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta prohibición. Todo ello sin perjuicio de las actuaciones que las víctimas y sus familiares puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y dignidad."
Por lo tanto, solicita al delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, que tome las acciones legales oportunas para ponerlo en conocimiento de la Abogacía del Estado y la Fiscalía del Tribunal Superior del País Vasco para que tomen las medidas oportunas para iniciar las vías legales oportunas, ya sean penales o contencioso-administrativas.
Así mismo, acogiéndose a lo establecido en el artículo 3, párrafo 1 de la Ley 4/2008 de 19 de junio de Reconocimiento y Reparación a las víctimas del terrorismo del País Vasco que dice:
"Los poderes públicos vascos colaborarán, en la medida de sus posibilidades y competencias, a que no existan situaciones injustas o de desamparo generadas por la impunidad de los terroristas. En tal sentido, promoverán que el acceso a la tutela judicial efectiva de las víctimas se realice en condiciones que salvaguarden sus derechos, atiendan a las especiales circunstancias de su condición y minimicen los inconvenientes que pudiera suponerle"
hacen un llamamiento al nuevo ejecutivo vasco para solicitar su compromiso con las víctimas para tomar acciones judiciales contra Gara.