La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) ha rechazado este viernes la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas porque recorta "en los derechos de los ciudadanos de uniforme" y ha pedido su "devolución íntegra" al Gobierno.
Según ha explicado en un comunicado, el anteproyecto "en su conjunto merece un severo juicio crítico negativo" que, a su juicio, ha de traducirse en "una enmienda a la totalidad de devolución al Gobierno". "El anteproyecto nace sin haber pasado por el necesario y sosegado análisis previo por parte de las asociaciones profesionales", ha criticado.
La asociación militar también se ha mostrado crítica a través de varios mensajes publicados en su cuenta de la red social Twitter, en los que ha dicho que esta reforma supone un retroceso en los derechos fundamentales, una censura en las redes sociales y una caza de los dirigentes de asociaciones profesionales. "PLORDFAS=Retroceso en los derechos fundamentales"; "PLORDFAS=Censura en las redes sociales"; "PLORDFAS=Caza de los dirigentes asociaciones profesionales".
Asimismo, la asociación ha denunciado que el paso del anteproyecto por el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas ha sido "un mero trámite", que, desde su punto de vista, ha merecido "el reproche unánime de las asociaciones profesionales". "No ha habido posibilidad alguna de debatir el mismo y menos aún de poder introducir enmiendas o modificaciones de ningún tipo y alcance", ha indicado
"Sin duda, el anteproyecto, que ya mereció críticas muy intensas por el Consejo General del Poder Judicial, lejos de modernizar el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, supone un retroceso en los derechos de los militares y es una oportunidad perdida para adaptar la disciplina, principio instrumental, a la realidad actual de las Fuerzas Armadas plenamente profesionales", ha argumentado la asociación.
Así, ha señalado que el anteproyecto está "plagado" de tipos disciplinarios "que no resisten el paso por el tamiz del principio de legalidad porque están integrados por conceptos jurídicos indeterminados, cuya interpretación queda al albur del mando sancionador, sin garantía alguna para el expedientado"
En relación con la sanción de privación de libertad o arresto, AUME ha recalcado que "no se conecta bien con unas Fuerzas Armadas profesionales, integradas por mujeres y hombres, que conocen sus obligaciones y sus compromisos y que han de ser tratados como ciudadanos adultos y maduros y no bajo criterios de paternalismo y tutelas, propias de regímenes no democráticos".
"Un auténtico despropósito"
También, AUME ve en el mantenimiento de un procedimiento oral "un auténtico despropósito" que, en su opinión, "sólo encuentra justificación en la cesión a las presiones de quienes entienden el ejercicio del mando militar como algo que ha de estar por encima de la Constitución Española y de los derechos fundamentales y libertades públicas en ella consagrados".
Del mismo modo, ha asegurado que la supresión del pliego de cargos en los procedimientos para la imposición de faltas graves y muy graves "no tiene sentido alguno si no va acompañada del establecimiento de la suspensión de la ejecutividad de la sanción hasta el agotamiento de la vía de impugnación en sede disciplinaria".
"Es excesiva la asignación de potestad disciplinaria hasta descender a niveles de jefes de pelotón o unidad similar. La asignación de potestad disciplinaria debe radicar como primer escalón en jefes de regimiento o unidad similar, para potenciar el uso de la misma desde criterios de imparcialidad, objetividad y neutralidad", ha subrayado.
Para AUME, "no se ha querido establecer una salvaguardia y una defensa real de los representantes de las asociaciones profesionales" en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, que podrán ser sancionados por los mandos de las unidades donde estén destinados, de tal manera que "verán severamente limitado el ejercicio de sus cometidos en defensa de los intereses profesionales, sociales y económicos de los miembros de las Fuerzas Armadas".
"Resulta absurdo que las sanciones impuestas a un militar en zona de operaciones o durante el cumplimiento de una misión puedan diferirse a la vuelta a territorio nacional", ha denunciado, al tiempo que ha recalcado que "no resulta respetuoso" mantener la ejecución inmediata de las sanciones disciplinarias, "incluso estando pendiente recurso contra la misma" y que la suspensión de la ejecución de las sanciones "debe ser automática cuando medie recurso hasta la resolución del mismo".
AUME ha manifestado su "preocupación por lo que ya parece ser una orientación firme de la política de personal del Gobierno caracterizada por proponer recortes en los derechos de los ciudadanos de uniforme".