En declaraciones a la cadena Ser, Eduardo Torres-Dulce ha señalado que le hubiera gustado que la ley de tasas judiciales hubiera pasado a informe de la Fiscalía y del Consejo Fiscal para dar su opinión sobre esta norma, como lo hicieron el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), porque "nos afecta a todos".
Ha aventurado que, "en algún caso, las tasas pudieran ser excesivas y dificultar el acceso a la justicia", al tiempo que ha estimado que probablemente habrá cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los jueces porque algunas de estas tasas desbordan la posición fijada por la sentencia del Tribunal Constitucional de 2002.
No obstante, el fiscal general del Estado se ha mostrado partidario de la existencia de tasas judiciales con el objetivo de recaudar dinero para que el servicio público de la Administración de Justicia tenga una vía propia para hacer frente a sus necesidades y que no todos los contribuyentes reciban el impacto de las tasas judiciales.
Ha recordado que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2002 establecía que la finalidad de que no todos los ciudadanos soporten el peso de las tasas tiene que establecerse de tal manera que no resulten ni excesivas, ni desproporcionadas, ni impidan el acceso a la jurisdicción o al sistema de recursos.
Al ser preguntado por la huelga de jueces, Torres-Dulce ha indicado que esta medida no es "impensable" porque está en el horizonte de las asociaciones del sector y ha agregado que respeta esa situación, pero no la comparte.