PSOE y UPyD –los dos partidos de la oposición presentes en la Comisión de Investigación del Madrid Arena, puesto que IU la abandonó el primer día– han presentado este martes sus conclusiones que difieren, como cabía de esperar, de las acordadas por el PP, que durante todo el proceso hizo valer su mayoría absoluta para vetar las comparecencias solicitadas por las otras formaciones.
"El Ayuntamiento y el PP han querido quitarse de encima lo antes posible la Comisión convirtiéndola en una atropellada sucesión de comparecencias que excluyen al Ayuntamiento de toda culpa y han servido más para escenificar la defensa del PP de su propia negligencia y de sus cargos eventuales", comienza señalando la formación magenta, que divide su escrito en cinco bloques y presenta 38 propuestas.
Sobre el recinto, el grupo liderado por David Ortega resalta que el proyecto del Madrid Arena "fue realizado por un estudio de arquitectura privado y la dirección y asistencia técnica de las obras recayeron sobre dos empresas privadas" por lo que "si no se han supervisado las obras por parte del Ayuntamiento, ni éste ha dirigido las mismas, se trata de una obra como cualquier otra de un particular y requiere de licencia de obras y de funcionamiento y no se entiende que se les exima de su cumplimiento".
Asimismo, destaca que "no se ha cumplido con la Ley de Espectáculos de la Comunidad de Madrid porque el edificio no cumplía las condiciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad del público asistente", así como que el pabellón "no estaba construido ni planificado para acoger un espectáculo como el celebrado en lo que a ocupación se refiere".
En relación a la seguridad, desde UPyD destacan la "falta total de coordinación entre las empresas privadas encargadas de la seguridad del evento (Seguriber y Kontrol 34) y la Policía Municipal, y entre ésta última y el Samur y la Policía Nacional". También denuncian la "mala planificación en la preparación del evento" y resaltan lo "especialmente sorprendentes que resultan las afirmaciones de distintos responsables municipales cuando aseguran reiteradamente que no hubo botellón" en las inmediaciones de la fiesta. También denuncian que "la Delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Fátima Núñez" no comunicara a la Dirección de Emergencias y Protección Civil que se iba a celebrar esta macrofiesta. Este extremo fue de los pocos que pudo acreditarse en el transcurso de la Comisión.
Contratos con Diviertt y las peticiones de UPyD
En cuanto a los contratos, UPyD recapitula y señala que en este caso hay que tener en cuenta tres: "el contrato de homologación (cuyos pliegos se publicaron en mayo de 2012)", el del "alquiler" del Madrid Arena para Halloween (24 de octubre de 2012) y el "contrato de fidelización (21 de septiembre de 2012)".
"Unas de las exigencias del contrato de homologación son una serie de certificados, entre ellos el de estar al corriente de los pagos de la Seguridad Social. Según de la información que obra en poder del grupo, Diviertt tenía deudas por cuotas con la Seguridad Social de 9.053,52 € y 16.993,61 € de febrero y marzo, respectivamente", señalan.
"Se formaliza un contrato de alquiler por el Madrid Arena. Se afirma que es un arrendamiento y no contrato de servicios, para eludir así la Ley de Contratos. ¿Por qué se hace un contrato de arrendamiento si el Madrid Arena es un bien de dominio público? Dejan pasar doblemente una irregularidad: en primer lugar, que han contratado con una empresa que está incursa en una prohibición de contratar (por los impagos a la Seguridad Social ya mencionados) y, una vez más, a la firma del contrato, al exigir éste ese mismo requisito. Queda por último el contrato de fidelización, que es en realidad una prórroga de un contrato anterior, que establece que no puede haber ni en el mes anterior ni en el posterior otro evento de Diviertt en el Madrid Arena. Es curioso que este contrato se firme cuando parte de los espectáculos ya se habían realizado".
Por todo ello, la formación magenta pide que el Ayuntamiento "no vuelva a contratar con Diviertt" o "cualquier otra empresa" que dependa de Miguel Ángel Flores o su hermano; que se "cierre" el Madrid Arena para remodelar y subsanar las deficiencias de seguridad denunciadas en 2010; que se "regulen los servicios médicos que deben estar presentes en macroeventos celebrados en dependencias municipales"; "modificar las Normas Básicas de Actuación en grandes espectáculos públicos, de manera que éstas atiendan a la realidad de los eventos" y "establecer un contrato de mínimos que deben cumplir las empresas de seguridad que contraten con el Ayuntamiento".
El PSOE pide la dimisión de Botella y altos cargos
Por su parte, el PSOE ha pedido la salida de la alcaldesa, Ana Botella, del vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva y de diferentes responsables municipales de seguridad y urbanismo en el dictamen que ha presentado a la Comisión. Entre estos responsables que los socialistas reclaman su cese se encuentran los concejales responsables de Medio Ambiente, de Seguridad y Emergencias y de Urbanismo y Vivienda, así como del inspector jefe de la Policía Municipal, entre otros.
El portavoz municipal del PSOE, Jaime Lissavetzky, ha aconsejado a Botella que reflexione y sea "consciente" de que no ha sido capaz de gobernar su equipo, por lo que ha asegurado que en el PSOE estarían "encantados" de que "presentara su cese". También ha indicado que debe dimitir el vicealcalde, Miguel Ángel Villanueva, que fue responsable, antes del dimitido concejal Pedro Calvo, en la empresa pública que gestiona el Madrid Arena, Madrid Espacios y Congresos (Madridec).
Lissaveztky ha agregado que la petición de dimisión del delegado de Medio Ambiente, Antonio de Guindos, obedece a que es el "responsable máximo de la coordinación" y de "ejecutar las normas de actuación", algo que "no se ha hecho". La de la delegada de Seguridad y Emergencias, Fátima Núñez, se debe a que fue la "clara responsable" de no alertar al servicio de emergencias municipal Samur y a los Bomberos de la celebración del evento, ha añadido Lissavetzky.
El haber asegurado que no hubo denuncias por el botellón cercano al Madrid Arena es el motivo por que el PSOE ha incorporado a su petición de responsabilidades al inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo. Por deficiencias no subsanadas en el Madrid Arena o por incumplimientos en las normativas ha incluido el PSOE la solicitud de cese o dimisión de la delegada de Urbanismo, Paz González; de su número dos, Beatriz Lobón, y del director general de Edificación, Norberto Rodríguez.
El dictamen del PSOE también exige una investigación sobre la actuaciones de diferentes mandos de la Policía Municipal y otra sobre la responsabilidad de responsables de seguridad y contratación de la empresa municipal que gestiona Madridec.
Sin licencia e incumplimiento en la seguridad
En sus conclusiones, el PSOE incorpora dos líneas argumentales principales: que el Madrid Arena no tenía licencia y que en el recinto no se cumplió la normativa de seguridad, por lo que se ha referido a "responsabilidades bastante graves" de la Policía Municipal y el Área de Seguridad, así como de Madridec por los contratos "fidelizados" con la empresa organizadora del evento Thriller Music Park, Diviertt.
El portavoz municipal del PSOE ha considerado que en los sucesos del pasado 1 de noviembre hubo una "chapuza", "descoordinación" y "negligencia" por parte del Ayuntamiento, al que ha reprochado no haber inspeccionado el Madrid Arena "siendo una competencia municipal". "Del Samur no tenemos más que buenas palabras ya que actuó incluso sin tener conocimiento de la magnitud del evento", ha agregado.
Lissaveztky ha opinado que la comisión ha evidenciado que existió un trato de favor de Madridec a Diviertt, y entre otros motivos ha apuntado que, mientras se estaban aprobando las bases de un concurso público para la privatización del Madrid Arena que fijaba un canon anual de 3 millones de euros, se firmó un contrato de tres años con Diviertt para la celebración de eventos en el recinto a un coste menor para esta compañía. Sobre Madridec, el dictamen del PSOE indica que se modificaron los "objetivos" de esta empresa pública con el fin de servir de "caja b" del Ayuntamiento, lo que ha convertido a esta empresa en una "especie de administración paralela sin control", a la que se le puede acusar, ha insistido, "en gran medida de cosas que han pasado".
El documento presentado por el PSOE fija igualmente 25 recomendaciones sobre la modificación de la normativa urbanística y de seguridad, del funcionamiento de los servicios municipales y de los procesos de "transparencia" en la gestión. También apuesta por la remodelación de la empresa pública Madridec y la gestión directa por parte del Ayuntamiento de las "grandes instalaciones". Lissavetzky se ha quejado de que en la comisión han sido "vetadas" por el PP un 70% de comparecencias y que más del 20% de documentos reclamados no les fueron facilitados.