Tras la tensión en aumento de los últimos días, el Gobierno se declaró dispuesto a dialogar, e incluso a hacer modificaciones, en el boceto de la reforma educativa. Una mano tendida que, sin embargo, no se convertirá en barra libre para contentar a los nacionalistas. O, en otras palabras, la vicepresidenta se ofreció a unir esfuerzos para acabar con el brutal fracaso escolar, pero marcó una línea roja para aquellos que centran el debate en el aspecto lingüístico: "Ningún poder público puede considerarse ajeno a la doctrina" del Tribunal Constitucional, que se pronunció a favor del derecho a decidir de padres y alumnos.
Soraya Sáenz de Santamaría apeló a la mayor pese a ser consciente de que las críticas de los nacionalistas van por otros derroteros. Así, recordó que hay consenso en que "el sistema educativo no puede mantenerse como está" perdiendo en cada uno de sus escalones una tercera parte de los alumnos. "Es insostenible. Hay que mejorar la educación", reseñó, pidiendo a comunidades y grupos con representación en el Gobierno un esfuerzo para liberar a la ley educativa de lo que vino a denominar "la tensión política".
El Gobierno, así lo definió el propio Mariano Rajoy en el debate de investidura, califica la reforma que ahora se tramita como "uno de los elementos clave" para el reflote del país, y de ahí que la portavoz se tomara su tiempo para hacer un llamamiento a dejar de lado debates secundarios y centrar los esfuerzos en el fracaso educativo.
Ahora bien, Sáenz de Santamaría también dejó claro que el Ejecutivo del PP tiene como objetivo acabar con los elementos de discriminación permitidos en la era socialista, y que la Generalidad catalana quiere mantener. "Al final hay una cosa que se llama libertad de enseñanza y derecho de educación. Y la libertad de los padres de escoger", resumió Sáenz de Santamaría.
Unos postulados que al ministro del ramo, José Ignacio Wert, le han valido los ataques más duros por parte de CiU. Este mismo viernes, Duran Lleida -autodenominado moderado- declaraba con el Consejo de Ministros ya en marcha que la reforma es "el peor ataque al catalán desde la muerte de Franco". La vicepresidenta no tuvo problema en responderle: la nueva norma "no minusvalora ninguna lengua cooficial", pero las asignaturas troncales se estudiarán en castellano porque es el idioma matriz que une a todos los territorios, fue el argumento.
"No podemos examinar de las cinco lenguas a todos los niños españoles. No aprobaría ninguno", ironizó Sáenz de Santamaría. De igual forma, y para apuntalar el aviso a navegantes de que el Gobierno no pretende dar paso en falso en este sentido, la vicepresidente se acogió a las sentencias del Constitucional y del Supremo, y "ningún poder público puede considerarse ajeno" al camino que marcan los tribunales.
La vicepresidenta, que respaldó a Wert antes las peticiones de dimisión, destacó que en la reforma se utiliza un criterio "de la proporción razonable" entre las lenguas, que en ningún caso supone la exclusión. Habló incluso de "bilingüismo integrador". E incidió en que "hay unos derechos de los ciudadanos" que el Ejecutivo, que es el que tiene "la iniciativa legislativa", tiene la obligación de preservar a pesar de que no se hiciera en el pasado reciente.