Wert cede a las presiones y da marcha atrás en su ley lingüística

Según informa El Mundo, el Gobierno ha rectificado, ante las amenazas de la Generalidad, la Ley Orgánica para la Mejora Educativa (LOMCE) que pretendía que el castellano pudiera estudiarse en toda España.

El borrador que trasladó el ministro de Educación a las comunidades autónomas, decía que tanto el castellano como la lengua cooficial debían ser garantizados "en las distintas asignaturas en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas". Sin embargo ayer, durante la Conferencia Sectorial de Educación, repartió un texto corregido, al que ha tenido acceso El Mundo, en el que se decía que bastaba con que "se procure el dominio de ambas lenguas oficiales por los alumnos". La consejera de Educación catalana, Irene Rigau, abandonó la reunión sin pararse a leer la rectificación.

Entre otras modificaciones, en el enunciado original se decía que "las administraciones educativas garantizarán en todas las etapas educativas obligatorias que las lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas de manera que se procure el dominio de ambas lenguas oficiales por los alumnos sin prejuicio de la posibilidad de incluir lenguas extranjeras". Sin embargo, el texto modificado este extracto desaparece y se afirma que "corresponde a las administraciones educativas determinar la proporción que proceda en el uso del castellano y la lengua cooficial como lenguas vehiculares en el sistema educativo, en atención al estado de normalización lingüística". 

Además, convierte la obligación de las Comunidades Autónomas en una posibilidad que aplicar dependiendo de sus criterios. El texto dice: Las CCAA "podrán diseñar e implantar sistemas en los que se garantice la impartición de áreas y materias lingüísticas y no lingüísticas, en lengua castellana y cooficial, en cada uno de los ciclos y cursos de las etapas obligatorias, de manera que se procure el dominio de ambas lenguas oficiales por los alumnos, sin perjuicio de la posibilidad de incluir lenguas extranjeras". Antes, su obligación era "garantizarlo". 

En el caso de que las Comunidades que no hayan implantado los sistemas "indicados en el párrafo anterior" como Cataluña, el Gobierno establece que "podrán otorgar, en función del estado de normalización lingüística en sus territorios, un trato diferenciado a la lengua cooficial respecto del castellano en una proporción razonable, sin que, en ningún caso, pueda suponer de hecho la exclusión del castellano". Y añade un punto más: "Además, en este supuesto, y en el marco de la programación de la oferta educativa de cada administración educativa, los padres o tutores tendrán derecho a escoger la lengua vehicular de la enseñanza que reciban sus hijos". 

La versión inicial se ve trastocada también en el siguiente punto, que parece diseñado para evitar el incumplimiento de Cataluña en los colegios privados que enseñan en castellano: "Si la programación anual de la administración educativa no contemplase oferta docente pública o concertada en la lengua vehicular elegida en el municipio o la zona limítrofe correspondiente, los padres podrán optar por escolarizar a sus hijos en centros privados, correspondiendo a la administración educativa sufragar los gastos de escolarización"