Wert dice que su reforma educativa se basa en las sentencias del TC y el Supremo
El ministro aclara que su intención es "llevar a una ley" la jurisprudencia sobre la enseñanza en castellano, para que "no sea una lengua residual".
El ministro, José Ignacio Wert, compareció tras más de tres horas de reunión con los consejeros autonómicos de Educación. El tema más polémico, las lenguas cooficiales. Es "radicalmente falso" que el borrador de la Ley de Mejora de Calidad Educativa (LOMCE) vaya "contra la inmersión lingüística", dijo.
"Nosotros no estamos cambiando el modelo", afirmó, "estamos introduciendo disposiciones normativas para que sentencias que se están produciendo tengan efectividad". Por ello, afeó el plante de la consejera catalana, Irene Rigau, que antes de que se entrara a negociar y a debatir abandonó la reunión. "Una buena parte de las comunidades han manifestado su malestar" por este plante de la catalana. Una de ellas ha sido la Comunidad Valenciana, cuya consejera, María José Catalá, explicó a la salida que su abandono ha significado una "circunstancia extraña" pues aún no habían hablado el resto de comunidades con lengua cooficial. "Del mismo modo que nosotras le hemos escuchado, ella también podría haberlo hecho".
Resulta "llamativo" que la consejera diga que no ha tenido tiempo en estudiarse el texto con las últimas novedades recibido ayer, lunes, pero sin embargo diga "que va a acudir al Tribunal Constitucional" porque se invaden competencias, añadió Wert. "Si una comunidad autónoma cree que se han invadido competencias, no se tiene que ir de una reunión sino acudir al Tribunal Constitucional".
Doctrina y jurisprudencia de TC y el TS
"No es cierto que haya ningún elemento que minusvalore la importancia del catalán y es radicalmente falso que vaya contra la inmersión lingüística", recalcó el ministro. Tampoco "estamos invadiendo competencias educativas a este respecto". Según señaló, únicamente se trata de recoger la doctrina y jurisprudencia dictada por los tribunales, Supremo y Constitucional, que el gobierno catalán viene incumpliendo sistemáticamente.
Wert ha explicado también que las Administraciones autonómicas deberán "sufragar los gastos de escolarización" en "centros privados" cuando las familias que quieran escolarizar a sus hijos en castellano no puedan hacerlo porque en su "municipio o zona limítrofe" no se contemple esta posibilidad ni en centro público ni en concertado.
En resumen, Wert reiteró que lo que hace esta ley es recoger la "jurisprudencia" del Constitucional y el Supremo sobre la enseñanza en castellano, que "el catalán puede ser utilizado en una proporción superior al castellano pero que éste no puede quedar reducido a un ámbito "residual". Según ha insistido, "no estamos cambiando el modelo", sino garantizando "que en esos sistemas de inmersión se guarda un espacio razonable" para el castellano, que "respete el mandato de la Constitución". Fuentes consultadas por Libertad Digital, añadieron que los mecanismos para hacer efectivas esas sentencias, que es lo que pretende el Ministerio, quedarán recogidas en el articulado de la Ley.
Wert quiso poner de relieve que el próximo día 19 hay convocada una nueva Conferencia Sectorial, con todos los consejeros autonómicos. Ésta será la última y definitiva. Lo que se acuerde en dicho encuentro será enviado a consulta al Consejo de Estado. Tras un mes, aproximadamente, el texto se trasladará al Consejo de Ministros y de allí será elevado al Congreso de los Diputados.
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