El ministro de Educación, José Ignacio Wert, se ha reunido este miércoles en el Ministerio con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas. De este encuentro, iba a salir definitivamente el texto de reforma educativo. Pero la postura crítica de varias autonomías, en particular de Cataluña, Andalucía y el País Vasco, ha hecho que el Ministerio haya decidido convocar una nueva reunión para el próximo 19 de diciembre.
La principal queja de esas tres autonomías es que el borrador llegó a sus manos con menos de 24 horas de antelación, algo que interpretan como un "defecto de forma". En este sentido, la consejera andaluza ha afirmado que la concesión de Wert, aunque no "servirá para cambiar una coma" sí supone una "mejora en las formas". "Hemos tenido que sacar los dientes amenazando con acciones legales", dijo, pero finalmente habrá ese último encuentro. "Wert ha preferido casarse con la Iglesia, con los mercados, la Conferencia Episcopal y el ala más dura del PP", ha afirmado.
El plante de Rigau
La consejera catalana, Irene Rigau, ha preferido abandonar la reunión mientras se estaba produciendo. En los pasillos de la cámara, tras negarse a comparecer ante el logotipo del Ministerio, ha explicado que si se ha levantado de la mesa es porque no quiere "que quede la sensación de que se negocia". "Tengo el mandato de que se retire" lo concerniente a la lengua del texto y de "irme" si no era así. Aún así, la consejera ha querido resaltar el "esfuerzo" que ha hecho al "venir". Irene Rigau ha expresado su "sorpresa y disgusto" por esta modificación de última hora del borrador.
Es "innegociable" lo que dicta el Estatuto y la la Ley de Educación catalana, ha sentenciado. El ministro quiere "liquidar de un plumazo" lo que a su juicio la sociedad catalana "defiende: la inmersión lingüística". Y ha añadido: "Es tratar al catalán como una lengua vernácula, como se denominaba al latín, la lengua de los esclavos", ha espetado.
Rigau ha reconocido que el ministro ha permitido que en las evaluaciones terminales haya un examen puntuable de lengua catalana, pero no es ni mucho menos suficiente para la Generalidad, que acudirá al Tribunal Constitucional si no se retira absolutamente este aspecto. Hay que recordar que el TC en su sentencia sobre el Estatuto catalán estableció que el español debía ser también lengua vehicular en Cataluña: "Las Administraciones públicas (...) no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales". Para Rigau "no se puede tolerar que en el autogobierno de un país" exista tal injerencia.
La postura del resto
En cambio, las comunidades gobernadas por el PP, si bien mostraban ciertas reticencias al inicio de las negociaciones, ahora están muy satisfechas. Así lo han manifestado los consejeros de Castilla La Mancha y Valencia respectivamente. Para el manchego, Macial Marín, las "reivindicaciones han sido atendidas", por lo que cree que el borrador "ha mejorado bastante". Preguntado por qué le parece las exigencias de la Generalidad, Marín ha recordado que se trata de una "Ley de Educación Nacional, no una Ley de Educación regional o de lengua cooficial", así que espera que la reunión "no se enfoque en esa diferencia", que "al 80% del alumnado no le afecta".
La valenciana, María José Catalá, también ha mostrado su satisfacción porque sus peticiones han sido tenidas en cuenta, como el mantenimiento del Bachillerato de Artes. Asimismo, cree que el anteproyecto de Ley recoge "el proyecto lingüístico de la Comunidad Valenciana". Y han conseguido que su solicitud sea tenida en cuenta: las "evaluaciones terminales (de final de etapa de ESO y Bachillerato) recogerán exámenes de Lengua y Literatura valencianas y que sean puntuables".
La que mostró su amplio malestar fue el País Vasco. A falta de la consejera, que no ha podido asistir, ha acudido su número dos, la viceconsejera Marian Ozcariz, que ha criticado duramente la medida que atañe a la lengua. "Estamos en una situación muy delicada" porque uno de los grandes "consensos constitucionales" se ha roto, dijo antes de comenzar el encuentro. Consideró que el modelo instalado en el País Vasco ha funcionado muy bien estos años y este cambio supone una "injerencia exagerada".
Incluso el consejero balear se ha mostrado satisfecho. Rafael Bosch ha afirmado que "lo que merece la pena es discutir" cuestiones como las disposiciones adicionales que ha presentado el ministro, porque en opinión del consejero, "abren unas vías de acercamiento de posturas respecto a las posiciones iniciales", en alusión a Cataluña. Bosch, en cuya Comunidad el catalán es lengua cooficial, ha adelantado que el próximo día 19 aportará "algunos matices a las disposiciones que hacen referencia a las lenguas oficiales".
En su opinión, "toda la enseñanza en Baleares debe regularse con un marco lingüístico común, que permita la enseñanza de las dos lenguas en condiciones de igualdad", aunque se ha mostrado contrario a "focalizar la opinión sobre la ley orgánica en cuestiones sólo lingüísticas".