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Griñán mintió acerca de los informes del Interventor sobre los ERE

Admitió que su departamento, Economía y Hacienda, aportó fondos para conceder ayudas una vez que su ilegalidad había sido advertida.

Se intuía que las advertencias del ex Interventor General de la Junta sobre la irregularidad del fondo de reptiles -no se supo que fueron 15 hasta la constitución de la Comisión de Investigación- eran una pieza clave. Por ello, desde el principio del caso, José Antonio Griñán, entonces consejero de Hacienda y ahora Presidente de la Junta, sostuvo que no había recibido ningún informe. Para apoyar su defensa, su amiga y consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, afirmó que los informes de Intervención los recibió ella y los guardó en un cajón sin entregarlos a su jefe, el consejero Griñán.

Ahora, Griñán reconoce que recibió los informes, pero que no le obligaban a hacer nada: una mentira flagrante. La falta de memoria o su desconcierto le están haciendo flaco favor a un presidente que hace unos días dijo sentirse "satisfecho" con los trabajos de la Comisión y que ayer mismo, a la vista de la reacción del Parlamento, PP e IU de la mano, calificó el resultado de la Comisión como un "fiasco" del que, cómo no, consideró responsable principal al PP andaluz.

La mentira flagrante de Griñán saltó a la luz el jueves en el debate suscitado en el Pleno del Parlamento andaluz. El presidente de los populares, Juan Ignacio Zoido, empuñó la carta del ex Interventor, escrita por este tras conocer que sólo Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo y él mismo, eran señalados como responsables directos en el informe admitido por el PSOE.

Tras leer textualmente las afirmaciones de la carta en la que se decía que se "podía haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas, si hubiera tenido voluntad de hacerlo" y en la que denunciaba la agresión a su honor "una caterva de políticos cobardes y sin honor". Además, Zoido, cuenta La Razón, subrayó los 15 momentos en que Griñán y Aguayo fueron advertidos de las irregularidades añadiendo: "Las acusaciones no las hace ni el PP ni Izquierda Unida, sino un ex interventor que fue contratado por usted. Si no es cierto lo que dice, interponga una querella o sólo le queda una salida, la dimisión". El día antes, ya el portavoz parlamentario del PP, Carlos Rojas, le pidió que se fuera.

Admitió haber recibido los informes

Fue en su respuesta cuando Griñán admitió haber recibido los informes y así lo recoge El Mundo. El actual presidente andaluz afirmó que, el interventor en su comparecencia en el Parlamento, dijo que los informes no eran "para que hiciera nada", sino que los remitía porque la Intervención "dependía" de Economía y Hacienda, el departamento del que fue responsable entre 2004 y 2009.

Griñán no leyó textualmente lo que dijo el Interventor porque no le convenía. Lo que dijo Manuel Gómez fue lo siguiente: "En ningún caso es admisible considerar, como a veces puede oírse, que los destinatarios de las auditorías no deban sentirse concernidos ni obligados a solventar las deficiencias que las mismas reflejen, mientras la Intervención General no detecte un supuesto fraude o no emita tal o cual informe".

Con ello, Griñán admitía que su departamento, Economía y Hacienda, aportó fondos para conceder ayudas una vez que su ilegalidad había sido advertida y que, de hecho, varios años después están siendo anuladas por la propia Junta de Andalucía. Y reconocía, implícitamente, que el informe del Interventor advertía de conductas que debía resolver precisamente la Consejería que regentaba el propio Griñán como era el desfase  presupuestario de 38 millones de euros que se había detectado en el programa 31.L, o fondo de reptiles. Griñán decidió tapar ese agujero sin hacer caso al Interventor, cuyos informes ahora reconoce que recibió.

Ante la petición de dimisión, Griñán dijo: "Lo que no consiguieron en las urnas no lo van a conseguir así tampoco". La respuesta de Zoido fue: "Son ustedes especialistas en obstaculizar cualquier investigación", y se refirió concretamente al incumplimiento de la Junta en el caso Invercaria, caso del que no ha entregado la documentación exigida por el juez instructor.

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