El próximo día 24 de enero deberá declarar en calidad de imputado el secretario de Finanzas de Comisiones Obreras de Andalucía, Miguel Ángel Soto Cubero, por malversación, prevaricación y falsedad en unas ayudas de 600.000 euros que fueron destinados a fines distintos a los concedidos. También lo hará Esther Azorit Jiménez, directora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta de Andalucía. Además, el juzgado de instrucción número 16 de Sevilla, ha admitido practicar todas las pruebas pedidas por la Fiscalía, entre ellas una pericial contable sobre el "menoscabo de fondos públicos" que supusieron las subvenciones investigadas y reclamar a la Junta la documentación acreditativa.
En realidad, los 600.000 euros -100 millones de pesetas- fueron concedidos a Comisiones Obreras para desarrollar actividades de formación, pero la Fiscalía de Delitos Económicos de Sevilla denunció a Azorit y Soto porque, presuntamente, CCOO justificó dentro de una partida para "sensibilización de riesgos laborales" los viajes de sus militantes a manifestaciones, la confección de pancartas, la contratación de charangas o los traslados de ida y vuelta de una sindicalista en una veintena de fines de semana desde Sevilla a Málaga.
El 22 de mayo del 2009 el consejero de Empleo de la Junta concedió una ayuda de 600.000 euros a CCOO destinada a un "plan de actividades divulgativas y de sensibilización sobre riesgos laborales", que en caso de no ser justificados según prevé la ley debería haber llevado "al reintegro de la subvención percibida y la exigencia del interés de demora". Pero no se cumplieron los fines ni se devolvió el dinero.
Entre otras irregularidades, la Fiscalía denunció que los gastos de desplazamientos para dicho plan de prevención fueron justificados con facturas de traslado en autobuses desde distintas localidades a Sevilla "con motivo de la manifestación del 22 de abril de 2009", la actuación de la charanga "Los Piratas", otros 998,76 euros por confección de una pancarta y 194 almuerzos el día de la manifestación por un importe total de 2.594 euros.
La Fiscalía precisó en su denuncia que "no consta el desarrollo de actividad alguna en materia de salud laboral el 22 de abril del 2009 en el Palacio de Congresos de Sevilla", pese a lo facturado por el sindicato. El escrito del fiscal concretó que CC. OO. justificó como "coordinación de actividades" de la sindicalista liberada Agustina Gutiérrez Navarro lo que en realidad fueron una veintena de viajes entre Sevilla a Málaga los viernes y de regreso los lunes.
Según el fiscal, "una mínima comprobación de la documentación aportada" debería haber llevado a la Junta a exigir el reintegro de estos fondos públicos y la no aceptación de los viajes y dietas percibidas por Agustina Gutiérrez. Por todo ello, la Fiscalía ha calificado los hechos como delitos continuados de falsedad en documento oficial, prevaricación y malversación de caudales públicos.