Enfado descomunal de la oposición del Ayuntamiento de Madrid tras el veto del PP a que comparezcan la alcaldesa, Ana Botella, la delegada de Hacienda y Administración Pública, Concepción Dancausa, que elaboró el informe interno con "distintos errores" sobre la tragedia del Madrid Arena, así como distintos funcionarios y técnicos municipales.
También se ha vetado la comparecencia de la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, del consejero de Presidencia de la Comunidad, Salvador Victoria o del jefe superior de la Policía Nacional de Madrid, Alfonso Díez. Los argumentos esgrimidos por los populares es que se quiere circunscribir las comparecencias al ámbito municipal, pero eso no explica el veto a los técnicos o funcionarios municipales ni tampoco el veto de la propia alcaldesa, señalan desde la oposición.
"Han dicho que vetan a los comparecientes ajenos al ámbito municipal y, a continuación, han añadido que no van a permitir la comparecencia de aquellos que no sean altos cargos municipales, con excepción del jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, y el hijo de Simón Viñals", trabajador municipal y ayudante del exconcejal en el servicio médico de la macro fiesta", ha manifestado el portavoz socialista Jaime Lissavetzky.
No se ha localizado a los empresarios
A ello se une que no ha sido posible, por el momento, según ha explicado el propio presidente de la comisión, Pedro Corral, notificar las convocatorias a los seis empresarios o representantes de las empresas relacionadas con el caso, cuya asistencia estaba prevista para el lunes 26. Sólo ha sido posible localizar al representante legal de Seguriber, pero al estar citado a declarar ante el juez instructor de la causa, Eduardo López Palop, el próximo 11 de diciembre, ha solicitado un aplazamiento de su comparecencia.
Ante semejante panorama, los grupos de la oposición – PSOE, UPyD e IU – han acordado presentar mañana, viernes, un escrito conjunto a Corral instándole a que se fije de una vez por todas quiénes van a poder comparecer. Por el momento, las únicas excepciones entre los funcionarios serían la del jefe de la Policía Local, Emilio Monteagudo, y la del funcionario Carlos Viñals, hijo de Simón Viñals, exconcejal del PP en el Ayuntamiento y responsable de una de las empresas implicadas.
Por ahora, y además de los citados anteriormente, se ha decidido que acudan "varios delegados" municipales, responsables de la empresa pública Madrid, Espacios y Congresos, y además directores generales, según el PP. Asistirán a petición propia el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, y la delegada madrileña de Urbanismo, Paz González.
Pero todo está en el aire y no hay ningún calendario fijado. "Pedimos que aclaren las reglas del juego porque, en este momento, la situación es kafkiana y muestra una intención de ocultar la verdad", apunta Lissaveztky, que afirma que "de más de 100 comparecencias solicitadas por los grupos municipales, sólo aceptan unas 15 y todas ellas de cargos políticos. El PP no quiere que los ciudadanos se enteren por medio de los técnicos de lo que ha ocurrido. Es una tomadura de pelo a los ciudadanos y una falta de confianza en los trabajadores municipales, a los que ponen la mordaza".
Por su parte, el portavoz del PP en la comisión, Enrique Núñez, ha expresado la oposición de su grupo a que comparezca la alcaldesa de Madrid por entender que no ha tomado "decisiones directas" en relación con los sucesos ocurridos el 1 de noviembre en el Madrid Arena. También ha desmentido que haya vetado las declaraciones de funcionarios, ya que se "había dejado absolutamente abierto el camino" a que comparezcan; eso sí, siempre después de los políticos. En este sentido, el portavoz popular ha insistido en que estos deben comparecer en primer lugar porque son "los que tomaron decisiones sobre lo ocurrido en el Madrid Arena".
Para David Ortega, de UPyD, es "clave" que el PP vete a los funcionarios y técnicos del Ayuntamiento en esta comisión, mientras que el portavoz de IU, Ángel Lara, afirmó que "se está negando sistemáticamente a fijar las reglas", la primera de ellas establecer "quién tiene que comparecer y quién no".