La Junta de Andalucía ha favorecido descaradamente las consecuencias de la huelga de trabajadores de la limpieza en Jerez al rebajar arbitrariamente los servicios mínimos, arbitrariedad que tuvo que ser corregida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Además, la Junta ha resuelto quitar la subvención para servicios sociales a Tarifa, asimismo gobernada por el PP y ciudad que ha soportado y soporta la mayor presión migratoria de Europa. La Federación de Municipios y Provincias de Andalucía (FAMP) es el tercer hecho partidista porque no cuenta con los populares a pesar de que el PP ha obtenido el 50 por ciento de los votos en las pasadas elecciones y gobierna sobre el 65 por ciento de los habitantes, siendo el partido más votado y al que correspondería, cuando menos, codirigirla.
Arde Jerez
En Jerez, tras casi 20 días de huelga y con olores y hedores insoportables en la ciudad, la Junta se ha negado a considerar situación de insalubridad pública lo que ocurre en sus calles. La consecuencia ha sido la rebelión de unos vecinos de Jerez hartos de que su problema, la higiene pública, no se resuelva.
Las ratas se han apropiado de las calles, pero la Consejería andaluza de Salud no observa riesgos sanitarios y no toma decisiones. Las negociaciones entre los trabajadores y Urbaser, la concesionaria del servicio local, no terminan en acuerdo. La empresa quiere despedir a 125 operarios -el 30% de la plantilla- por la reducción del presupuesto municipal, obligado por la quiebra de la ciudad. Y se pide, eso sí, la dimisión de una alcaldesa, María José García Pelayo, a la que ni la Junta ni empresa ni trabajadores dejan resolver el problema.
70 contenedores fueron incendiados el pasado martes y se cortaron calles y avenidas en una decena de barriadas del municipio gaditano. Ya a plena luz del día, volvieron a producirse incidentes con incendios en 45 calles, incendios provocados por unos vecinos que no ven otro modo de librarse del peligro sanitario de las basuras acumuladas.
Tarifa, sin ayuda para la inmigración
Tarifa es una ciudad andaluza, la más meridional y que, por ello, dista sólo 14 kilómetros de las costas marroquíes. De hecho, Tarifa y sus playas han sido, tradicionalmente, lugar de desembarco para un ingente número de pateras cargadas de inmigrantes a las que, casi siempre, la Cruz Roja y las ONGs junto con la Guardia Civil han atendido. La Junta de Andalucía destinaba una pequeña cantidad de dinero a los servicios sociales de los Ayuntamientos afectados por el tráfico de inmigración ilegal, entre ellos Tarifa.
Pues a pesar de ser su Ayuntamiento uno de los que sufre mayor presión migratoria de Europa no recibirá este año fondos para la acogida e integración de este colectivo. Tarifa es uno de los 30 municipios andaluces que van a perder las ayudas que la Junta de Andalucía viene concediendo desde 2009 para prestar unos servicios de mayor calidad a la población inmigrante.
Aunque el gobierno de coalición PSOE-IU mantiene el fondo autonómico de inmigración, que no mantiene el gobierno Rajoy, ha recortado en 1,4 millones que aportó en las tres anteriores convocatorias a 1,1 millones, un 19,2% menos. Para justificar la faena, la Junta ha modificado los criterios de reparto. Con el nuevo sistema de reparto, Tarifa se queda sin fondos y sin embargo, los obtiene la localidad cordobesa de Rute, con alcalde socialista.
31 municipios andaluces desaparecen de los perceptores de ayudas, entre ellos Tarifa, que cuenta con una población de 1.898 -entre europeos y no comunitarios- entre sus 15.000 habitantes. El año pasado recibió 7.096 euros.
El caso FAMP
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias se rompió hace un mes como consecuencia del incumplimiento por parte del PSOE de su acuerdo de cogobernación con el PP tras los resultados electorales municipales de 2011. Ahora, el PSOE, con su socio de gobierno, IU y la sorprendente ayuda de un PA que casi no existe, ha decidido seguir adelante, refundar la FAMP para dirigirla contra el gobierno Rajoy y dejar fuera al PP de la institución.
El PP pidió al PSOE que cumpliera con el Pacto de "una presidencia compartida" de la FAMP, tal y como acordaron la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el presidente de la FAMP y alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, en la reunión de la Comisión Permanente celebrada en Antequera. Pero no lo consiguió.
Tras las elecciones municipales de 2011 que ganó el PP, el proceso de renovación de los órganos de la Federación Andaluza de Municipios y Provincia se encontraba en una situación de "bloqueo". El panorama político municipal andaluz cambió tras la victoria del PP, que gobierna hoy en día a 5.442.528 andaluces desde los Ayuntamientos, es decir, a más del 65 por ciento de la población, cuenta con todas las capitales de provincia y gobierna en cinco diputaciones, así como en 22 de los 25 municipios más importantes de la región por población.
PSOE e IU han anunciado que harán más "reivindicativo" el instrumento de coordinación municipal y, de esta forma, "hacer frente con firmeza en Andalucía el intento del PP de desmantelar el municipalismo". Griñán ha aprovechado la situación para echar a su adversario interno del PSOE, Quico Toscano, alcalde de Dos Hermanas, y ha situado a la cabeza a su partidario, Fernando Rodríguez Villalobos, además presidente de la Diputación de Sevilla.