Miguel Ángel Flores, dueño de la empresa que organizó la trágica fiesta de Halloween en el Madrid Arena en la que murieron cuatro chicas y una quinta resultó herida de gravedad, ha declarado este martes durante casi cuatro horas en los juzgados de Plaza de Castilla.
Durante su comparecencia ante el juez instructor, Flores ha contestado a las preguntas del propio magistrado, de la Fiscalía y de las acusaciones que representan a las familias de las víctimas y se ha negado a responder a las cuestiones planteadas por el Ayuntamiento, Madrid Espacios y Congresos, la empresa Kontrol 34 y Manos Limpias.
El dueño de Diviertt ha negado cualquier tipo de responsabilidad en los hechos y la ha trasladado al consistorio madrileño y a la Policía Municipal. Según Flores, el Ayuntamiento – a través de la empresa de seguridad contratada por él, Seguriber – era el encargado de velar por la seguridad dentro del recinto y del pabellón donde se desarrolló la macrofiesta. Kontrol 34 no tenía ningún tipo de competencias a este respecto. Las personas de esta empresa tenían meras labores organizativas en el evento, como atender el ropero, sostiene el imputado.
Además, según han declarado varios letrados que se encontraban en la sala, Flores ha culpado a la Policía Municipal por no impedir el botellón, en el que participaban "4.000 personas". "Era algo escandaloso", ha insistido Flores. "La gente (que estaba bebiendo) llegaba hasta los restaurantes de la zona"; "salían del metro ya con botellas" y la Policía Municipal no hizo nada, subrayó, según el abogado que representa a la familia de una de las fallecidas, Katia Esteban. Para apuntalar su versión el empresario dio un dato: "Se vendió muy poco en barra", tan sólo se recaudaron "40.000 euros" cuando lo habitual son 100.000. Y eso es porque ya entraban "borrachos" y algunos con botellas.
Un correo falsificado, según Flores
El dueño de Diviertt ha lanzado, además, una acusación contra Madrid, Espacios y Congresos: le acusa de falsificar un correo electrónico en el que constaría que su empresa iba a proporcionar seguridad al evento. Según él, esto no es así; en ese correo no aparece tal cosa. También ha asegurado que hace dos años le comunicó al Ayuntamiento que había un problema con una de las puertas y que no se hizo nada al respecto.
Miguel Ángel Flores mantiene que vendió 9.600 entradas, aunque ha admitido que pudo haber entradas duplicadas. A eso hay que sumarle la avalancha que se produjo sobre las 3 de la madrugada de unas "3.000 o 4.000 personas", dijo Flores. Por tanto, admitió que en algún momento de la fiesta pudo haber entre "14.000 o 15.000 personas" dentro del Madrid Arena.
Flores, a quien se le imputan cuatro homicidios por imprudencia, un delito de lesiones muy graves y un delito de seguridad colectiva, ha quedado en libertad con cargos. Tendrá la obligación de comparecer dos veces al mes, los días 8 y 24. Pero, finalmente, el juez ha rechazado la prisión provisional sin fianza que pedía Manos Limpias, así como la prisión eludible con fianza de 100.000 euros que solicitaba el letrado de la familia de Katia Esteban, Gerardo Viada. La Fiscalía ha rechazado solicitar prisión porque, según han explicado fuentes fiscales, en este caso no se reunían los requisitos necesarios: riesgo de fuga, destrucción u ocultación de pruebas o reiteración delictiva.
Este miércoles declararán los responsables de la empresa Kontrol 34 y el viernes la Policía procederá al recuento de las entradas de la fiesta. El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, ha anunciado que pedirá al juez que declare como testigo en los próximos días la alcaldesa, Ana Botella.
Kontrol 34: la seguridad, a cargo de Seguriber
El abogado de Kontrol 34, por su parte, ha asegurado que incluyó expresamente en el contrato con Diviertt que "el tema de seguridad" lo llevaría a cabo Seguriber. Óscar Zein señaló que Diviertt decidió "unilateralmente" ponerse en contacto con ellos a fin de solicitarle "si podía facilitarle una relación de personas" con el correspondiente "Carnet de Controlador de Acceso" para poderlos contratar directamente para cubrir dicho evento". En concreto, se contrataron a 63 trabajadores.
Cifuentes sale en defensa de la Policía Nacional
Mientras, la delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha querido dejar claro que la Policía Nacional ni inspeccionó ni dio el visto bueno al Madrid Arena antes de la fiesta porque no era su competencia. "En modo alguno la Policía Nacional realizó una inspección y dio el visto bueno a las instalaciones la noche trágica, porque no forma parte de sus competencias", ha reiterado.
Los dos agentes de ese cuerpo que acudieron al recinto simplemente recogieron la documentación administrativa pertinente, para su posterior traslado a los órganos competentes, como los certificados de instalación de estructuras, ignífugos, instalación eléctrica, servicios asistenciales, sanitarios y plan de vigilancia a cargo de la empresa organizadora.
Además, la Policía Nacional verificó la apertura de puertas y estableció un dispositivo exterior importante ante la posibilidad de que pudiera haber algún incidente, como suele ocurrir en grandes concentraciones, ha indicado. Después, cuando "se produjo la desgracia, la Policía realizó una evacuación ejemplar, de persona a persona, y evitó una tragedia mayor, una avalancha descontrolada de personas. Esa fue la actuación de la Policía Nacional", ha apostillado.
Cifuentes ha asegurado también que no tiene ningún problema en comparecer en la comisión de investigación sobre el suceso abierta en el Ayuntamiento de Madrid. Tras recordar que la avalancha que provocó la muerte de cuatro chicas se está investigando judicialmente, Cifuentes ha subrayado que la Policía Nacional está aportando todos los datos que tiene y, además, "investigando activamente".