El PSOE quiere que la responsabilidad por el mal uso de cientos de millones de euros a través del "fondo de reptiles" se limite al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero y trata de evitar que la responsabilidad alcance a sus dos exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández, una vez conseguido que del expresidente Manuel Chaves o del actual presidente José Antonio Griñán, ni se hable.
IU quiere permanecer equidistante responsabilizando a los exconsejeros pero sin tocar a los expresidentes. El PP acusa de pacto oculto a PSOE e IU y quiere responsabilizar políticamente a todos ellos y a algunos más. Queda un verso suelto: el ex director general Guerrero amenaza ahora con decir todo lo que sabe sobre el caso de los ERE.
Fernando de Pablo, abogado de Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo imputado por los ERE fraudulentos, dijo el lunes que su cliente se pregunta por qué el proyecto de dictamen de la comisión parlamentaria le señala como responsable y no a la totalidad del Gobierno andaluz o a la Cámara de Cuentas.
El abogado desveló que Guerrero le ha preguntado "si ya está condenado", a lo que le ha respondido que va a seguir representándolo porque tiene posibilidades de defensa "pese a que haya personas que lo llaman corrupto", como ha hecho el vicesecretario del PSOE andaluz, Mario Jiménez, "sin ningún tipo de respeto hacia el poder judicial y la presunción de inocencia".
De Pablo ha lamentado que el dictamen parlamentario no cuestione a la Cámara de Cuentas, que "durante diez años estuvo de vacaciones" sin ejercer sus funciones de control y que considere que Guerrero era quien debía cuestionar las subvenciones o los posibles convenios. En la Junta de Andalucía "había más personas, aparte de Guerrero" y las ayudas cuestionadas "eran políticas de Gobierno y decisiones políticas" de favorecer a determinadas zonas, a juicio del letrado.
Guerrero señala a Zarrías y a IU
En ese sentido, ha destacado que es cierto que la Sierra Norte de Sevilla recibió ayudas en detrimento de otras zonas, pero también que otras consejerías beneficiaron más a la provincia de Jaén, señalando con claridad a Gaspar Zarrías.
El abogado ha declarado que el vicepresidente de la Junta Diego Valderas "olvida el interés que él mismo tuvo en que se instalase en Las Cabezas (Sevilla), donde entonces gobernaba su coalición, la lavandería industrial Huévar, sabiendo que se hacía con la partida 31L" que está investigando la juez Mercedes Alaya. Según De Pablo, Guerrero "puede decir muchas cosas que aun no ha dicho y que pueden ser beneficiosas para su defensa".
Ha destacado que su defendido no destruyó ni perdió ningún tipo de papeles porque muchos beneficiarios, entre ellos el empresario Ángel Rodríguez de la Borbolla, "tienen más documentación sellada de la Junta" que la que la Administración ha entregado al juzgado o a la Cámara de Cuentas.
De Pablo lamenta que nadie "haya mirado la tramitación que Guerrero hizo durante diez años", proceso que, por otra parte, "se siguió haciendo de la misma manera después de su salida" en 2008 de la dirección general de Trabajo. Además, ha declarado a Efe que "le llama la atención que se ponga en duda la tramitación" de los ERE "sin preguntar quien le dice a él que lo haga de esa manera".
El PP dice que hay un pacto oculto PSOE-IU
Diego Valderas pasará a la historia como el dirigente de IU que "cambió toda la ideología de su partido por tres o cuatro sillones en la Junta", ha denunciado el secretario general del PP andaluz, José Luis Sanz.
Para Sanz, está claro que PSOE e IU han pactado las conclusiones oficiales de la Comisión de Investigación "el mismo 26 de marzo, tras las elecciones autonómicas", y que la formación de izquierdas se ha vendido a los socialistas por una cuota de poder que "ni siquiera lo merece".
"Si IU cree de verdad que el señor Viera y el señor Fernández pusieron en marcha todo este escándalo sin que Chaves y Griñán se enterasen, lo mejor que se puede decir de Valderas es que es un iluso", añadiendo que "confiamos muy poco en esta comisión de investigación, pero mucho en la investigación judicial", ha aseverado Sanz, esperanzado en que la Justicia depure las lagunas que quedan sin abordar tras esa "pantomima" parlamentaria.
En el dictamen de conclusiones presentado este viernes por el presidente de la comisión de investigación de los ERE, el diputado de IU Ignacio García, sólo se señala a los ex consejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández, al ex viceconsejero Agustín Barberá y al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero -en definitiva, a los que desde un principio señalaba IU-, obviando la propuesta del Partido Popular, que pedía asimismo que se exigiese responsabilidades tanto al ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, como a su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán, y a la consejera Martínez Aguayo.