ETA extendió su extorsión a deportistas que tenían "relación con España"

La banda terrorista ETA programaba el cobro de la extorión no sólo a grandes empresas vascas y navarras, sino también a otros colectivos como deportistas que tenían "relación con España", según un documento incautado en 2004 y examinado este jueves en el Tribunal de lo Criminal de París. En el mismo, leído por el presidente del tribunal, fijaba la estrategia para una reforma de los mecanismos de extorsión a través de su estructura Gezi, lo que incluía para los deportistas "castigar a los que están en relación con España".

La banda planteaba igualmente reformas para obtener ingresos recurrentes de las empresas o de pequeños negocios, señaló el comandante de la Subdirección Antiterrorista de la policía francesa (SDAT), Stéphane Durey, que compareció como testigo en el juicio contra los dirigentes etarras Mikel Albisu y María Soledad Iparraguirre.

"El objetivo era cubrir un máximo" de potenciales colectivos para intentar incrementar los ingresos en un periodo en que se habían visto reducidos, señaló Durey, que dio cuenta de esa disminución progresiva que se constata en las cuentas de la banda entre 2001 y 2004.

Precisó que en los dos años que siguieron al asesinato en agosto de 2000 del responsable de la patronal ADEGI José María Korta, ETA consiguió grandes cantidades de dinero con la extorsión (habló de 1,4 millones de euros en 2001), pero luego esos ingresos se resintieron.

Lemoine preguntó a ambos acusados sobre una carta del 23 de noviembre de 2001 que se les encontró en su despacho de la vivienda de Salies de Béarn en la que fueron arrestados el 3 de octubre de 2004 y en el que el firmante con las iniciales I.M., cuya identidad no está aclarada, decía que "la lucha armada no nos aporta nada".

El juez, que subrayó que la misiva estaba escrita dos días después del asesinato de dos agentes de la Ertzaintza, no obtuvo ninguna precisión de los dos –juzgados ahora en apelación tras haber sido condenados a 20 años en 2010– sobre quién les había escrito, el significado del mensaje o su repercusión.

El único comentario de Albisu fue que "la paz es algo muy largo de construir", como se ve ahora con la declaración de abandono definitivo de la violencia de ETA en octubre de 2011, que a su juicio no se ha visto correspondido, ya que afirmó que las fuerzas del orden españolas siguen practicando la tortura.

También sobre la situación actual, Durey reconoció que ETA además de declarar el alto el fuego definitivo, había indicado antes que cesaba la extorsión a empresarios, pero añadió que pese a todo "dentro de la organización circulan armas, municiones, explosivos" así como activistas que están buscados por la justicia en España y en Francia.

Otro texto impreso que se requisó a la pareja en Salies de Béarn, firmado por ETA, hacía un llamamiento al boicot de una treintena larga de empresas cuya presencia allí se justificaba, según el oficial de la SDAT, porque no pagaban la extorsión. Uno de los documentos revisados en la vista de esta mañana, fechado en 2004 y firmado también por ETA, establecía las bases de la estrategia de los grupos responsables de violencias urbanas en el País Vasco.

La banda, además de afirmar su voluntad de que esos actos de terrorismo callejero se agudizaran en periodo electoral, señalaba objetivos explícitos como los periodistas, los colectivos encargados de la lucha antiterrorista, los profesores españoles en el País Vasco, el PP y el PSOE o los funcionarios de instituciones penitenciarias.

Extorsión al Grupo Mondragón

Entre las grandes empresas que fueron extorsionadas aparece la Corporación Mondragón (MCC), a la que se pidió el pago de doce millones de euros que debería pagar en diez años entre 2002 y 2014, según otro documento incautado a Iparragirre cuando era la jefa de la estructura financiera de ETA.

El archivo informático, titulado 'Deba sutunak.doc', fue evocado en el juicio de París por el comandante de policía de la Subdirección Antiterrorista (SDAT). Es una carta mecanografiada en euskera, dirigida directamente al señor 'Cxxxxxx Cxxxx' y otros responsables del grupo cooperativo, donde se pide el abono de la cantidad citada en diez anualidades «para las necesidades de la lucha por los derechos democráticos del pueblo vasco». No existe constancia documental de ningún pago.