El juez dicta una orden desahucio contra una sociedad de Flores

Los tribunales han dictado una orden de desahucio contra la empresa FSM Group, la sociedad de Miguel Ángel Flores que explotaba la discoteca Macumba -situada en la estación de tren de Chamartín-, según han confirmado a EFE fuentes de Adif, la encargada de resolver el contrato de explotación de la estación.

Según ha explicado Adif en un comunicado, en diciembre de 2011 el gestor de infraestructuras ferroviarias decidió no renovar la relación contractual que mantenía con FSM Group, adjudicataria del contrato de alquiler de la discoteca Macumba, porque estaba previsto destinar el local a otros usos.

Tras la negativa de FSM Group a abandonar la instalación, se llevó el asunto a los tribunales y actualmente se encuentra pendiente el lanzamiento de la discoteca tras haber obtenido Adif una sentencia de desahucio favorable.

Posteriormente, Adif decidió que tanto el espacio que ocupaba la discoteca como otros colindantes se iban a licitar conjuntamente para ser destinados a otro tipo de actividades.

En la misma estación de Chamartín, Adif formalizó el pasado agosto la concesión a Diviertt -la empresa organizadora de la fiesta de Halloween celebrada en el Madrid Arena en la que fallecieron cuatro jóvenes-, del alquiler de un local para la instalación de una pista de patinaje y sus actividades complementarias en la estación de tren.

La licitación del espacio correspondiente de la estación para esta finalidad, con una superficie de 1.531 metros cuadrados, se abrió un año antes, en agosto de 2011.

Según ha informado la entidad dependiente del Ministerio de Fomento, a la licitación pública se presentaron dos ofertas, "que cumplieron con todos los aspectos y requisitos legales exigidos en la licitación pública".

La oferta presentada por Diviertt, que, al igual que FSM Group es propiedad de Flores, fue seleccionada provisionalmente en octubre de 2011 y se confirmada en agosto de 2012 tras comprobarse que no estaba incursa en prohibición de contratar.

La oferta presentada por la compañía fue la que obtuvo mejor puntuación global y previo a la concesión, Adif requirió un informe a la Abogacía del Estado al tratarse de empresas que "pudieran tener alguna vinculación".

El contrato no ha llegado a perfeccionarse al no haber entregado Diviertt a Adif la fianza obligatoria y al quedar pendiente la obtención de la licencia municipal correspondiente, por lo que el inmueble permanece en poder del gestor ferroviario.

En este contexto, Adif ha subrayado que las licitaciones llevadas a cabo por la entidad están sometidas a la ley de contratación pública y que si la gestión de la pista de patinaje se adjudicó a Diviertt es porque ésta cumplía con los requisitos exigidos.

En este contexto, Adif ha querido dejar claro que ambas decisiones son independientes al tratarse de dos empresas y de dos contratos diferentes.