Se esperaba que la institución de control, dirigida por el prosocialista Antonio López y con mayoría de PSOE e IU, salvara a los dirigentes de la Junta de un juicio adverso tanto en la opinión pública como en los tribunales de justicia. Pero al limitar las responsabilidades a las "contables" con todo lo que se sabe ya y con instrucción abierta en el Juzgado número 16 de Sevilla, su comportamiento ha sido anómalo, sobre todo cuando se compara su actual consideración del caso con la que se filtró hace unos meses, donde se ponía el acento en la responsabilidad directa de los presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
El informe es la consecuencia de la victoria del bloque de izquierdas sobre el PP por cuatro votos a tres en los aspectos esenciales, muy lejos ya de la unanimidad que presidía la institución en tiempos del anterior consejero mayor y candidato de consenso, Rafael Navas. En sus Conclusiones, se reconocen una serie de irregularidades que poco tienen que ver con la contabilidad. Por ejemplo:
- "Hasta la publicación de la Orden de 3 de marzo de 2010 no consta el acto administrativo previo y necesario de delegación de competencias, con los requisitos que exigen los artículos 13 de la Ley 30/1992 y 101 y 102 de la Ley 9/200798, del Consejero de Empleo a favor del Director General de Trabajo y Seguridad Social, para la concesión de las subvenciones y ayudas del programa presupuestario 31L.99". O sea, los Consejeros de Trabajo han sido siempre responsables directos por no haber mediado delegación de competencias desde 2001 a 2010, afectando al menos al ex consejero José Antonio Viera y al ex consejero e imputado Antonio Fernández.
- "Las ayudas objeto de fiscalización se han analizado desde la perspectiva de las subvenciones excepcionales, al no disponer de bases reguladoras ni convocatoria pública.(§ 26). Es decir, que las ayudas se han dado arbitrariamente y, dados los hechos comprobados, según el interés del PSOE.
- "... no ha quedado acreditado en los expedientes de concesión de las ayudas a empresas las razones de interés social o económico, exigidas por el artículo 12.5 del Decreto 254/2001". Dicho de otro modo, las ayudas se han dado a quien se ha querido y sin razón justificada alguna.
- Por si fuera poco se añade, "La Consejería de Empleo no realizó el diseño previo de las ayudas; así no se establecieron los requisitos exigidos para ser beneficiarios, los criterios para la aceptación o rechazo de las solicitudes, los plazos de ejecución..."
Además, pone de manifiesto la existencia de intrusos y las comisiones abusivas (16%) que se han quedado con más dinero del debido por parte de los intermediarios. Pero lo único que extrae como conclusión es que "de estas situaciones podrían derivarse, entre otras, responsabilidades contables y administrativas." Recuérdese que esta forma de conceder ayudas sin control ha supuesto un coste de más de 1.200 millones de euros para las arcas andaluzas.
El párrafo decisivo ha desaparecido
En el anteproyecto de los auditores, que dirigía entonces el hoy consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, de IU, se decía que "el Consejo de Gobierno y el Titular de la Consejería de Hacienda han autorizado a lo largo del periodo 2001 a 2010 modificaciones de créditos que no se ajustan a las previsiones normativas en materia presupuestaria y contable de la Junta".
Precisamente por haberse filtrado aquel informe se organizó un considerable revuelo y ya se intuyó que el párrafo desaparecería por cuanto apuntaba a la cabeza de la Junta en prácticas ilegales y ajenas a la normativa vigente. Por ello, el informe se retrasó hasta después de que terminara la Comisión de Investigación, comisión que sólo ahora podrá acceder al informe, pero estando compuesta por mayoría socialista-comunista, no cabe esperar rectificación alguna de las conclusiones de este informe. Ni siquiera se entregó a los miembros de la Comisión el expediente completa donde constaba el párrafo ahora cercenado.
Tampoco ha entregado el informe jurídico que encargó para justificar la paralización de los trabajos al publicar ABC el anteproyecto de informe, que tampoco se ha enviado a los miembros del grupo de investigación.
Reacciones contrapuestas ante el informe
Según ABC, el informe salva a Griñán y a Chaves, al Interventor de la Junta, que no hizo el informe de actuación pertinente, y calca los argumentos de la Junta en la Comisión de Investigación, a pesar de que destaca incluso que "grupos de empresas" coparon ayudas y se concedieron otras "sin acreditar el fin o interés público perseguido por las mismas". "De estas conclusiones podrían derivarse, entre otras, responsabilidades contables y administrativas", afirma.
Para El Mundo, el informe subraya un cúmulo de irregularidades en la Junta de Andalucía. Además cuestiona el pago, la concesión y el control final de las ayudas, pone de manifiesto el abuso del 'margen de discrecionalidad' aunque concluye en meras "responsabilidades contables y administrativas". Por ello considera a los ERE un crimen sin castigo ni autor para la Cámara de Cuentas, un escándalo que ya sólo tiene salida judicial.
El País considera sus conclusiones "demoledoras" y subraya que han sido remitidas a la Fiscalía Anticorrupción. De hecho, el diario de Prisa apunta que "los auditores censuran el sistema y se alinean con la juez y la fiscalía". Considera, eso sí, que salva definitivamente el papel de la Intervención General, que optó por no emitir el informe de actuación sobre el fondo, después de las alegaciones de este órgano.
La Razón coincide con ABC y señala que la Cámara de Cuentas salva a Griñán y ni habla de responsabilidades penales. El maquillado informe de los ERE sólo menciona consecuencias contables, "entre otras". Hay partes sustanciales que se han obviado porque ni Griñán ni el interventor general salían bien parados en el informe inicial. De hecho, omite cualquier responsabilidad de Griñán por las modificaciones presupuestarias que aprobó en su etapa de consejero.
La complicidad de IU y la acusación del PP
El comportamiento de IU ha sido muy diferente antes y después de su acuerdo de gobierno con el PSOE. Desde ese momento, IU ha deshecho todo el rosario de acusaciones que hizo al PSOE en la campaña electoral y ha maniobrado en la Comisión de Investigación para aislar al PP que coincidía en su crítica antes de las elecciones.
Las tres consejeras de la Cámara de Cuentasa nombradas por el PP han emitido un voto discrepante para subrayar las "numerosas modificaciones" del informe. Amelia Martínez, María José Camilleri -también vicepresidenta- y Sandra Garrido se centran en la redacción de siete párrafos, la inserción de tres nuevos párrafos y la eliminación de dos. Martínez fue auditora del informe de la Cámara de Cuentas sobre la empresa pública Invercaria, que posteriormente ha motivado el caso judicial que investiga esta firma.
La eliminación esencial es la que consideraba el papel desempeñado por José Antonio Griñán durante su etapa como consejero de Economía: "Las modificaciones propuestas han sido autorizadas por el Consejo de Gobierno y el titular de la Consejería de Hacienda a lo largo del periodo 2001 a 2010 sin ajustarse a las previsiones normativas en materia presupuestaria y contable de la Junta por no adecuarse a la naturaleza del gasto que se aprueba". Las consejeras del PP argumentan, apunta El País, que la supresión de dicho párrafo no tiene soporte técnico alguno y supone la omisión de una información necesaria para la comprensión del informe y que desvirtúan las conclusiones expuestas por los técnicos.
Además, subrayan que el informe primitivo se elaboró durante ocho meses por seis técnicos, mientras que el informe del gabinete jurídico no ha sido revisado con criterios técnicos.
También ponen de manifiesto la importancia de la modificación del punto 39 sobre los pagos del programa 31L a través de la agencia Idea: "La modificación elimina un hecho constatado, como es que las resoluciones se dictaron sin el amparo de ninguna relación jurídica. Esta supresión impide conocer el procedimiento articulado para la tramitación del pago de las ayudas en este periodo".
Por si fuera poco se han incluido tres nuevos párrafos que amparan el sistema utilizado, según el PP. "La inserción de estos párrafos parece querer justificar la utilización que se ha hecho de esta figura amparándose en el hecho de que así estaba establecido en la Ley de Presupuesto (...) La simple aprobación del presupuesto no legaliza el uso que se hizo de las transferencias de financiación -con menos controles que las subvenciones excepcionales-".