La Fiscalía investiga por malversación a una ex directora general de la Junta

La investigación judicial ha llegado a la conclusión de que es preciso pedir la imputación de la ex directora general de Seguridad y Salud Laboral de la Junta, Esther Azorit, cuyo cese se produjo en junio de este año, y del secretario de Organización y Finanzas de Comisiones Obreras (CCOO), Miguel Ángel Soto, por malversación, prevaricación y un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Tras los casos de los ERE y las ayudas a empresas e Invercaria, se están analizando los gastos procedentes de las subvenciones varias concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. También estaba pendiente el caso del fraude de 23 millones en ayudas de la Unión Europea. Ahora se suma la investigación de dos ayudas aprobadas por la Consejería con destino a Comisiones Obreras, que instruye el mismo juez que lo hace con Invercaria.

Según El País, la Policía visitó hace meses la sede de Comisiones Obreras en Sevilla para pedir documentación sobre tales ayudas. Tras examinar los papeles, la fiscalía ha llegado a la conclusión de que el uso que dio el sindicato a dos subvenciones de 600.000 y 400.000 euros respectivamente y firmadas por la ex alto cargo Azorit, ha sido fraudulento.

En ambos casos, el destino del dinero era una campaña de prevención de riesgos laborales y acciones para la mejora de las condiciones de trabajo, pero en realidad se gastaron en pagar dietas y viajes de militantes de Comisiones Obreras, especialmente de Agustina Gutiérrez, responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras de Andalucía.

Fueron 38.000 los euros destinados a dietas durante 2009. El fiscal subraya que la Federación Fiteqa (Química, textiles y afines) empleó 11.024 euros en las dietas, alojamientos y viajes de fin de semana de Gutiérrez entre Sevilla (donde trabaja) y Málaga (ciudad de origen de la sindicalista) tanto en tren como en coche.

La Ley General de Subvenciones establece que en caso de incumplir la justificación del gasto, la subvención debe ser reintegrada, intereses de demora incluidos. El fiscal considera que debe darse un reintegro mínimo de 20.383 euros en la subvención para divulgar la campaña de prevención de riesgos laborales.

Actos falsos

La Policía ha descubierto además que algunos actos supuestamente organizados por el sindicato y que constan como justificantes de los gastos de las subvenciones son sencillamente falsos.

Por ejemplo, está el encuentro de Salud Laboral el 28 de abril de 2009 en el Palacio de Congresos de Sevilla por 33.811 euros, con 6.000 delegados. "No consta el desarrollo de actividad alguna en materia de salud laboral", denuncian los agentes. Para sensibilizar sobre la prevención de riesgos laborales, el sindicato incluyó facturas de la "charanga Los Piratas" por 319 euros, y otra de 194 almuerzos por 2.594 euros. Para analizar cada gasto, el fiscal pide al juez que designe dos interventores.

La Fiscalía Anticorrupción ya denunció ante la juez instructora de los ERE, Mercedes Alaya, el pago en 2005 de 36.000 euros para Gutiérrez y el cobro de cuatro pólizas de su jefe, Juan Antonio Florido, a través de la consultora Vitalia.