La "gira" del Sindicato Andaluz de Trabajadores comenzó el día 16 de agosto. Se trataba de ir por pueblos y ciudades andaluces como protesta por la situación de necesidad que, según los dirigentes Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, y Diego Cañamero, exalcalde de El Coronil, afectaba ya a miles de andaluces. El martes acabó en Huelva con un saldo de 71 detenidos y 140 procesados por varios delitos.
El último incidente ocurrió hace dos días en la localidad onubense de Gibraleón, donde la Guardia Civil tuvo que resolver la ocupación de una sucursal de Cajasol-Caixa con la detención de siete de los asaltantes que no querían abandonar la oficina bancaria. Luego se produjo una marcha de unos cien participantes que llegó hasta la subdelegación del gobierno en Huelva.
Cañamero se mostró satisfecho por lo que se había conseguido con estas protestas. Atribuyó a estas ocupaciones y asaltos el logro de que el gobierno hubiera prorrogado los 400 euros de renta para parados de larga duración y añadió, consigna ABC, que "ha sido la consecuencia directa de las ocupaciones de supermercados, acciones simbólicas con las que despertamos la conciencia de todos acerca de la necesidad que sufren muchas familias andaluzas y españolas". Asimismo, manifestó su preocupación por el "drama que viven 350.000 hogares en Andalucía, que tienen a todos sus miembros en el paro y no cobran prestación" y criticó la falta de soluciones ante los altos índices de desempleo en el medio rural, que alcanza a la mitad de la población, aseguró.
Balance "penal" de la gira
Fue el propio portavoz del SAT el que expuso el balance "penal" de la marcha: 71 arrestados, en libertad todos con cargos y 140 procesados, desde que en el mes de marzo ocuparan la finca Somontes, propiedad de la Junta de Andalucía en Palma del Río (Córdoba), que la administración andaluza sacaba a subasta pública por tercera vez, y cuya venta lograron posponer.
En las acciones del SAT ha habido de todo, desde sacerdotes como Esteban Vázquez, que han justificado las acciones de protesta con citas bíblicas, a asaltos de supermercados y oficinas bancarias u ocupaciones de fincas. Asimismo, ha habido emisión de escritos autoinculpatorios para quienes se solidarizaran con los asaltantes de los centros comerciales. Por ejemplo, consiguieron la autoinculpación de Julio Anguita. Incluso el Defensor del Pueblo Andaluz justificó estas acciones.
Recuérdese que los fines de la marcha andaluza del SAT eran la renta básica; el fin de las peonadas de 35 jornadas en el campo para el cobro del subsidio agrario; el reparto de tierras públicas entre las cooperativas; el fin de los desahucios y un plan de choque para el fomento del empleo. Nada de ello se ha conseguido.