Cada vez parece más claro que Juan Lanzas, el exugetista intermediario en muchos de los ERE donde en uno de ellos incluso se inscribió como intruso, parece destacarse como principal eslabón en el caso del blanqueo de dinero por las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras. Y esto, por ahora. La hija de Lanzas, según la Guardia Civil, tenía firma en una de las tres sociedades descubiertas como tapaderas aunque las tres estaban a nombre de un mismo sujeto, Eduardo Leal del Real.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha descubierto tres tapaderas que habrían sido presuntamente utilizadas por Juan Lanzas, el conseguidor de los ERE, para cobrar sus comisiones.
De dos de ellas dimos cuenta el miércoles, pero este jueves El Mundo confirma que ha aparecido otra. Se trata de tres empresas de mensajería domiciliadas en polígonos industriales de Sevilla capital y vinculadas a un mismo propietario, Eduardo Leal del Real.
Naturalmente, como suele ocurrir en estos casos, en el Registro Mercantil aparece Juan Lanzas ni como administrador ni como apoderado de las mismas, pero su hija tenía autorización para sacar dinero de la cuenta corriente de una de ellas, según el Grupo de Delitos Económicos de la UCO en un oficio remitido al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla el pasado 21 de septiembre.
El nombre de las empresas es Distripack Transporte Urgente, Atrado Mensajería y Estudios Agenciales. Las dos últimas también tienen en su objeto social impartir cursos de formación, una actividad a la que se dedica una de las empresas vinculadas a un cuñado de Juan Lanzas, Consulting Social Siemur.
Recuérdese que Lanzas usó para cobrar por sus servicios a otra empresa de su cuñado, Maginae Solutions, precisamente por su mediación en el ERE de Mercasevilla. UCO afirma que es necesario investigar una cuenta corriente de dicha empresa.
El juez Iván Escalera Reina –actual sustituto de Mercedes Alaya en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla– dio luz verde en un reciente auto a la investigación de las cuentas corrientes de estas empresas, al sospechar que a través de ellas se cobraron "sobrecomisiones" por mediar en los ERE financiados por la Junta de Andalucía.
Al parecer, la Guardia Civil tendría constancia de que algunos despachos profesionales y empresas vinculadas a los mediadores de los ERE habrían realizado pagos a estas sociedades de mensajería, con la finalidad de pagar los servicios prestados por el conseguidor Juan Lanzas.
En los trabajos de la Guardia Civil, aparece otra sociedad, Permar 21 SL, domiciliada en Madrid y coadministrada desde marzo de 2006 por Antonio Albarracín, ex directivo de la consultora Vitalia, que intermedió en numerosos ERE y cobró elevadas comisiones por ello.
Las empresas tapadera habrían tenido que emitir facturas falsas por servicios no prestados para justificar el dinero que recibían. Ahora mismo, ninguna de las tres empresas de paquetería tiene actividad.
La trayectoria del conseguidor
Juan Lanzas, jienense y natural de Albánchez de Mágina, fue un destacado miembro de UGT: nada menos, que secretario general de la Federación Agroalimentaria de Andalucía. Desde finales de los 90 que haya podido saberse, se ha dedicado a la mediación en los ERE en empresas del sector agroalimentario, que conocía bien. Estos ERE fueron financiados por la Junta de Andalucía y Lanzas cobraba por unas gestiones que no se sabe quien le encargaba.
Precisamente, tanto él como su mujer y una cuñada aparecen entre los prejubilados de la textil malagueña Hitemasa, en la que nunca trabajaron.
Con el caso Mercasevilla, surgió el nombre de Juan Lanzas que, según los empresarios denunciantes del soborno practicado por los altos cargos socialistas de la entidad, asistió a algunas de las reuniones. Al parecer tuvo un papel activo en la negociación del ERE en el mercado de mayoristas de Sevilla y cobró sus honorarios a través de una empresa de su cuñado. En dicho ERE existió una primera relación de prejubilados entre los que se incluyó el propio nombre de Juan Lanzas, que desapareció luego.
Pero sí que apareció el nombre de otro intruso Antonio Garrido Santoyo, un dirigente socialista del municipio jienense de Baeza. Lanzas está imputado por la juez Alaya, pero aún no lo ha citado a declarar. Ante la comisión de investigación de los ERE se acogió a su derecho a guardar silencio.