El conseguidor y exugetista, Juan Lanzas, desmiente a los empresarios y afirma que trabajó para ellos como intermediario con la Administración. Y lo hizo en calidad de testigo, con obligación de decir la verdad, bajo amenaza de pena en caso de falsedad.
Lanzas dijo que él trabajó para ambas partes, para los empresarios y para Mercasevilla, cosa negada por los empresarios denunciantes y que asistió a muchas reuniones donde expresó que consideraba que la escuela de hostelería sería "una ruina". Sin embargo, aconsejó sobre el sitio para ubicarla y la mejor manera de solicitar las ayudas públicas. Su pericia en estos temas la sintetizó en tres recetas que según él le dio al gerente de Mercasevilla: "Tener un sitio, buscar a gente que conociese el ramo y pedir ayudas públicas". Incluso añadió que viajó a Marruecos invitado como asesor.
Se confesó amigo del exgerente de Mercasevilla, Fernando Mellet, con el que mantenía una relación "profesional" desde 2006, a cuenta "del asesoramiento sobre un ERE", aunque "lo conocía de antes porque me había hecho varias consultas". Por eso, Mellet le llamó "para preguntarme qué me parecía la idea de una escuela de hostelería", tema sobre el que "tengo cierto conocimiento".
Posteriormente, dijo ayer, Mellet "me llamó" para acompañarle a reuniones en la Delegación de Empleo sobre la escuela de hostelería, algo que "hice porque veía que el tema era interesante y, además, yo era comercial de un gabinete jurídico que asesoraba a empresas".
Estuvo presente en dos reuniones en el despacho del entonces delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, en las que se habló del proyecto, en la primera de ellas, y de la posibilidad de que la Dirección General de Formación apoyara este proyecto con una subvención "si lo veía viable", en la segunda.
Lanzas afirmó que "no cobró nada por el asesoramiento" prestado al Merca, punto en el que ha eludido hablar sobre si cobró alguna cantidad económica por los ERE de Mercasevilla, porque "lo de los ERE se aclarará luego". Ángel Márquez, magistrado presidente, obligó a Lanzas a responder a la pregunta de la acusación particular y entonces dijo que "nunca he cobrado nada; mi empresa sí cobró, pero no me ha pagado todavía porque se quedó como un tema de futuro".
Declaraciones de altos cargos
"Sin pruebas no quería volver a hablar del asunto. Me preguntaron qué era una prueba y les dije que un testigo, documentos o grabaciones", relató ayer Juan Gallo, ex director general de la Consejería de la Presidencia de la Junta. Por ello, los empresarios grabaron las dos siguientes reuniones y obtuvieron frases como "la Junta tiene un esquema de funcionamiento muy simple: 'Yo colaboro con quien colabora'", para justificar la exigencia de comisiones ilegales.
Se le entregó un CD con las conversaciones al jefe de los servicios jurídicos del Gobierno autónomo, Francisco del Río y la Consejería de Empleo creó un expediente reservado para detallar los pasos a seguir antes de denunciar el caso ante la Fiscalía.
El viceconsejero Agustín Barberá explicó ayer que se sorprendieron y se rieron mucho cuando decían en la grabación que lo de las comisiones era habitual. El exconsejero de Empleo Antonio Fernández, imputado y excarcelado por el caso de los ERE. También testificó ayer y dijo que su Consejería fue la primera en denunciar los hechos. "Era la primera vez que me ocurría una cosa así en mis 15 años de servidor público", abundó. Luego, su declaración fue interrumpida por la presentación de unos documentos por parte de la acusación particular ejercida por el PP.
Documentos comprometedores
El PP aportó como acusación tres documentos que probarían un pacto previo entre el exdirector de Mercasevilla Fernando Mellet y el exdelegado de Empleo Rivas, acusado de cifrar la cuantía del soborno. Los documentos, según ABC, suponen que Rivas habría firmado un convenio en diciembre de 2007 para otorgar la subvención de 900.000 euros a Mercasevilla. Los documentos entregados, que según el PP, han aparecido en el Juzgado de Instrucción numero seis dentro de la causa del delito societario, son una solicitud al Servicio Andaluz de Empleo el 4 de diciembre de 2006, un borrador de convenio fechado en diciembre de 2007 y una memoria elaborada por la fundación Mercasevilla sobre un convenio con la delegación de Empleo de la Junta de Andalucía en la que se compromete al pago de 900.000 euros.
Rivas alegó que los documentos fueron redactados por Mercasevilla y negó haberlos conocido en su día. A pesar de que el magistrado presidente Ángel Márquez los admitió como prueba, ninguno está firmado por Rivas.
Zoido y la esposa de uno de los empresarios
Se ha sabido durante el juicio, y lo cuenta El País, que la esposa del empresario denunciante Pedro Sánchez Cuerda trabaja en el gabinete de Gobierno para el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, personado como acusación, lo que fue aprovechado por las defensas de los imputados para acusar de connivencia a los empresarios con el PP.
Pero Juan Ignacio Zoido, ayer mismo censuró el modo de actuar de los empresarios destacando que estos "entregaran la grabación al señor Gallo, persona que mantenía una estrechísima relación con el señor Manuel Chaves". Y añadiendo: "Es curioso, no fueron al PP a entregarla ni a nadie, sino a una persona que sabían que su relación era muy directa con el señor Chaves. Se da la casualidad de que compartían los asientos del fútbol en el campo del Betis y allí se lo entregaron", añadió Zoido. "¿Qué hizo la Junta para esclarecer los hechos? Muy poco, muy poco", recalcó el presidente popular.