La Fiscalía solicita dejar fuera del caso Faisán a García Hidalgo

La Fiscalía ha pedido al instructor del caso Faisán que proceda contra el ex jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros, pero no contra el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo.

Así lo ha manifestado el fiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista en un escrito remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que el pasado 18 de septiembre dio por finalizada la investigación del "chivatazo" que en 2006 alertó a ETA de un operación contra su red de extorsión en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa).

Según el representante del Ministerio Público, las diligencias practicadas "han corroborado la verosimilitud de la imputación" de Pamiés y Ballesteros, "así como la consistencia incriminatoria de los indicios existentes contra ellos", pero no con García Hidalgo, sobre el que "no puede llegarse a la misma conclusión". Y ello porque no se ha aportado "diligencia alguna, concreta y específica" sobre su implicación.

No obstante, el fiscal no cita los delitos por los que debe proceder contra los dos ex altos cargos policiales, si bien Ruz mantenía imputados a los tres por revelación de secretos y de colaboración terrorista.

A lo largo de once folios, Bautista defiende la tesis de que Ballesteros entregó el teléfono móvil al propietario del local, Joseba Elosua, desde el que recibió el chivatazo, que ejecutó Pamiés, la mañana del 4 de mayo de 2006.

Para el fiscal, las pruebas sitúan a Ballesteros en el bar Faisán en la hora en la que se produjo la filtración, a las 11.23 horas, desde las grabaciones efectuadas por las cámaras de videovigilancia hasta el testimonio del propio imputado, que reconoció haber consumido un café en el establecimiento.

Un extremo que confirma también, señala, las declaraciones del yerno de Elosua, Carmelo Luquin que, en consonancia con lo afirmado por el equipo investigador del chivatazo, aseguró que su suegro le saludó al llegar y que más tarde se dirigió a él "muy agitado" porque "una persona le acababa de decir que van a detener" a uno de los implicados residente en Francia.

También las de la camarera del local, que añadió que un hombre que estaba en el bar le entregó un teléfono móvil para hablar con una tercera persona.

Junto a estos testimonios, otras declaraciones policiales y judiciales "corroboran" que tanto la persona que entregó el teléfono a Elosua como la que habló con él "son miembros del Cuerpo Nacional de Policía" y descartan que en la delación participara el equipo investigador.

Todas ellas son las nuevas diligencias que el magistrado acordó practicar que ha practicado después de que el pleno de la Sala de lo Penal revocara el procesamiento de los tres mandos policiales el 21 de septiembre del pasado año y le ordenara seguir investigando.

El pleno de la Sala de lo Penal le reprochó que procesara a los tres altos mandos policiales sin haber resuelto "inconsistencias relevantes" en su investigación y excluyendo otras hipótesis posibles "de forma no suficientemente justificada".

A raíz de las nuevas pruebas, el magistrado reclamó al fiscal que informara sobre "los indicios existentes" sobre "las personas imputadas en el procedimiento" y dijera si considera oportuno que se les procese de nuevo, que se archive la investigación o, "en su caso, interese las diligencias adicionales que estime pertinentes".

Entre las nuevas diligencias, figura además el informe de la Guardia Civil para que revisara la investigación hecha por la Policía sobre el "chivatazo" y que, recuerda el fiscal, también concluye que los autores son miembros del CNP, uno "ubicado en las inmediaciones del lugar, con formación y experiencia en investigación", mientras que el segundo "tiene una posición elevada en la jerarquía" y "vinculado a operaciones antiterroristas".

Además, Ruz pidió un dictamen pericial sobre teléfonos satélite y si estos pudieron ser utilizados en estos hechos, y a las compañías telefónicas les pregunta si disponen de archivos sobre si la mañana del 4 de mayo de 2006 hubo llamadas con teléfonos satélite. Sobre este punto, el fiscal descarta su uso "por imposibilidad técnica" y por lo "llamativo del despliegue que exigiría".