El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha propuesto hoy una reforma del Concierto Económico vasco para que las diputaciones, que en Euskadi son las encargadas de recaudar los impuestos, puedan regular y cobrar la imposición indirecta, es decir, el IVA.
El líder del PNV y candidato a lehendakari ha dictado una conferencia en el Fórum Europa en Bilbao, centrada en su propuesta fiscal para salir de la crisis, el asunto que está dominando la precampaña electoral en el País Vasco.
Urkullu ha abogado por "ampliar las capacidades de los territorios históricos" para que sean capaces de "modular todas las figuras que integran sus sistemas tributarios, superando el vigente marco competencial derivado del Concierto Económico, un marco que imposibilita la toma de decisiones de política fiscal en ciertas materias, fundamentalmente las que afectan a la imposición indirecta".
Se ha referido así a que las Haciendas forales vascas son competentes actualmente en la normativa del IRPF y Sociedades, pero no en el IVA y los impuestos especiales, que los regula el Estado.
Impuestos directos
El candidato ha desgranado además sus propuestas en la imposición directa, sobre la que tiene competencias el País Vasco.
Así, en el IRPF ha propuesto revisar la tarifa general y del ahorro, la vigencia de las exenciones, el tratamiento de la previsión social voluntaria (los planes de pensiones) y el régimen de deducciones. En este último punto ha precisado que no se puede hablar de "eliminar la deducción de vivienda" cuando esta deducción afecta hoy en día a más de un tercio de los contribuyentes vascos.
En el Impuesto de Sociedades ha abogado por una reforma en profundidad que mantenga elementos clave como la deducción por inversión en activos fijos corrientes nuevos, la de empleo, y el apoyo a la investigación, desarrollo e innovación y el medio ambiente. Por contra, ha propuesto revisar y suprimir, en su caso, los regímenes especiales del impuesto de Sociedades y las deducciones que "no cumplan los objetivos para los que fueron establecidas".
Además, ha planteado la regulación de un gravamen sobre los grandes patrimonios complementado con una "adecuada tributación de las donaciones".
Respecto a la lucha contra el fraude fiscal, ha propuesto medidas como la revisión del actual sistema de sanciones o el establecimiento de nuevas obligaciones de información que permitan detectar niveles de renta superiores a los declarados.