La organización terrorista ETA tiene a unos 750 etarras desperdigados por diversos países extranjeros. Un gran número de ellos huidos –de los que unos 350 tendrían todavía causas pendientes con la justicia– y un número muy reducidos deportados –de cuando Francia no los quería entregar a la justicia española–.
Según informa el diario El Mundo, estas cifras son las que estima Batasuna, que en los últimos años ha intentado llevar un control de la cifra aproximada. Estos números duplican a los que maneja el Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz, que tan sólo cifraba el número de etarras en el extranjero en unos 300.
La mayor parte de estos terroristas huidos, unos 500 aproximadamente, se encontrarían en suelo francés, mientras que el resto estarían escondidos en diferentes países de Centro y Sudamérica (Venezuela, México, Cuba...). Cuatro deportados se encuentran desde los años ochenta en Cabo Verde.
En los últimos meses, la cúpula de ETA ha pedido a muchos de estos huidos, siempre que no tengan causas pendientes con la justicia o que las mismas hayan prescrito, que se trasladen al sur de Francia, donde fuentes policiales no descartan que intenten escenificar su presencia en el país vecino con algún tipo de acto para rentabilizar su regreso, según el diario de Pedro J. Ramírez.
Uno de esos casos es el de la etarra Elena Bárcena, con un largo y sangriento historial a sus espaldas pero con sus causas ya prescritas, quien se acercó a una embajada española con el objetivo de solicitar su pasaporte y trasladarse a vivir al sur del país vecino, donde los terroristas tienen una estructura denominada comité de refugiados, para facilitarles su aclimatación.
El asunto de los deportados y huidos es, junto con los presos, lo que la banda terrorista denomina "cuestiones técnicas" del proceso de negociación, una cuestión que debería resolverse dentro de los temas a negociar entre el Gobierno español y la organización asesina. El diario de Unidad Editorial recuerda que, incluso, fue tratado durante el proceso de negociación que mantuvo el Ejecutivo Zapatero con ETA.