Mariano Rajoy niega tajante ningún atisbo de cambio en la política antiterrorista. Y esto, según sus palabras, significa que el Gobierno jamás va a dialogar con ETA ni va a ceder a chantaje alguno, véase la excarcelación forzada de etarras, porque el único camino que le espera es su disolución y la entrega de armas. Todo lo demás, asegura, es ruido y no realidad, como las acusaciones de abrigar desde Moncloa la decisión del juez Castro de poner en libertad a Uribetxebarría Bolinaga.
No existe tablero negociador, insiste el jefe del Ejecutivo. Por primera vez, se pronuncia sobre la tormenta política que ha generado el salvoconducto a Bolinaga para asegurar que a él es el primero al que le "repugna" que el asesino de varias personas y secuestrador de Ortega Lara salga de prisión, pero que "hoy esta persona lleva varios días en un hospital. Tenemos que hacer caso a lo que nos dicen los informes médicos y yo respetaré lo que resuelva el juez", expone en una entrevista al diario ABC.
El presidente se salvaguarda en la independencia judicial y en el acatamiento de sus resoluciones para no ir más allá. Esto es, para no entrar en la batalla judicial que ha supuesto el caso, con la Fiscalía de la Audiencia Nacional descubriendo varios y garrafales fallos en el auto del magistrado Castro, y que previsiblemente hará que recurra. Rajoy tan sólo intenta salvar la cara al Ejecutivo, una vez fue el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien marcó el camino al hablar de tercer grado penitenciario: "Siempre que se ha producido, afectara a quien afectara, una situación de estas características, se ha actuado igual, gobernara el PP o gobernara el PSOE", es su principal argumento.
La idea no es nueva; ya la expuso el propio Fernández Díaz en un intento de acallar a Jaime Mayor Oreja, ministro del Interior en la era de José María Aznar. Pero el fiscal no lo tiene tan claro, ya que interpreta que sin arrepentimiento de sus actos, y a tenor de que no está terminal, no puede beneficiarse del Código Civil, pues no basta con apreciar dificultad para delinquir y su escasa peligrosidad. Además, entiende que los precedentes utilizados por el juez son incorrectos.
"El Gobierno tiene una obligación, que es estar en la ley y en el respeto a los tribunales", reitera el presidente. También en el caso de Bolinaga, pese a que "impactó en el alma de muchísimos españoles" lo cruel de sus actos. "La Ley no distingue. Y yo tengo que hacer caso a lo que digan los responsables de Instituciones Penitenciarias, que son por otra parte unas personas que viven esto de manera continuada. Tengo que hacer caso a lo que digan los médicos y, por supuesto, a lo que decidan finalmente los tribunales".
A la espera de si sus explicaciones le reconcilian con las víctimas, muy descontentas y que empiezan a movilizarse, Rajoy buscó el acercamiento solemnizando lo poco que le gusta el paso dado, que asegura es dictado por la ley: "Hay cosas que no se hacen con gusto, como es natural, y esta no la hacemos con ningún gusto". Yendo un paso más, "sé que le repugna a mucha gente y a mí también", en palabras el presidente. Antonio Basagoiti le ayudó en este cometido con un discurso muy firme, negando la posibilidad de que se puedan producir más excarcelaciones: "Al PP le importa un bledo los presos etarras" con posibles enfermedades, zanjó, porque su objetivo primordial es que "el País Vasco siga siendo España".