El rechazo de los obispos vascos a la ilegalización de Batasuna es la noticia más destacada en todos los diarios, salvo en El Mundo que dedica su principal titular de portada a una noticia en exclusiva que asegura que ETA iba a colocar un coche bomba en la sede de Telefónica el 7 de junio. Aun con menor relieve, otro claro denominador común en las primeras páginas de los diarios lo constituye la dimisión del alcalde de Ponferrada tras ser condenado por acosar sexualmente a Nevenka. El Mundo también destaca la decisión del Ministerio de Sanidad de prohibir antes de fin de año que se fume en empresas, restaurantes y hoteles así como encarecer el precio del tabaco y excluirlo del IPC. El tiroteo que ha causado dos muertos en el poblado de Las Mimbreras es atendido tanto en la portada de ABC como en la de El País. Este último diario también destaca la decisión del Supremo de pedir amparo al Poder Judicial por las críticas al archivo del “caso Otegui”, mientras que ABC resalta el apoyo que la Junta de Andalucía dará a la huelga general “con unos servicios de verdad mínimos”. Finalmente, varios diarios destacan la inauguración hoy en Seúl de Mundial de Fútbol.
A pesar de ser la más destacada noticia del día no todos los diarios dedican un editorial al público y escandaloso rechazo de los obispos vascos a la ilegalización de los partidos proterroristas. Para El Mundo la carta pastoral “vuelve a sembrar serias dudas acerca de la actitud — a veces demasiado complaciente— del clero vasco en relación con ETA y el entramado político y social que le sustenta”. Además de destacar la opinión de los obispos de que la ilegalización de Batasuna “agudizaría la división y la confrontación cívicas”, El Mundo acertadamente denuncia que la carta de los obispos “contiene un pasaje de especial gravedad por lo que conlleva de tolerancia con las actividades de los proetarras”. El diario pone de ejemplo la aseveración de los obispos de que “las consecuencias sombrías” que se derivarían de la ilegalización “deben ser evitadas, sean cuales fueren las relaciones entre Batasuna y ETA”. Este diario afirma que si “ETA merece una valoración moral gravemente negativa”, como también aseguran los Obispos, “los acólitos del terrorismo deben recibir también la misma condena moral y legal. A menos —concluye el editorial— que los obispos sitúen su comodidad en la sociedad por encima de los principios éticos y morales”.
ABC crítica, aunque no hubiera estado de más que lo hiciera con mayor contundencia, prácticamente todas las aseveraciones de los obispos merecedoras de reprobación. En primer lugar, el editorial asegura, no obstante, que “la carta muestra unos criterios claros y definidos contra el terrorismo de ETA, al que se considera incompatible con la paz”. Eso faltaba, que dijeran que fueran compatibles. Eso no lo sostiene ni los etarras. Lo grave es que los obispos consideren, como los terroristas, que la mera desaparición de ETA no conllevará la pacificación. Como dicen los Obispos, “los problemas que es preciso resolver para alcanzar la paz no terminan ahí”. La quiebra de la “paz” no es para los obispos, pues, responsabilidad única de ETA sino también de quienes no comparten sus objetivos.
Hipócritamente los obispos dicen que “optar por la paz comporta para cada una de las opciones políticas una disposición a recortar "mi" proyecto de país para que pueda surgir en el intercambio "nuestro" proyecto compartido”. Optar por la paz , sin embargo, radica en algo mucho más primario como es el no legitimar, como Batasuna hace, el asesinato de quienes no comparten su proyecto. Los "recortes" del proyecto propio, por otra parte, ya se hizo por las formaciones políticas en la Constitución. Se cedió mucho a las reivindicaciones nacionalistas, sin que estos hicieran contrapartida alguna. Actualmente el País Vasco goza de una autonomía y un autogobierno que no tiene parangón en el seno de los Estados democráticos del mundo. Una “cesión” más por parte de los que no comparten el proyecto nacionalista ya solo podría consistir en la secesión, que es precisamente el objetivo de los terroristas.
Dicen los obispos que "nadie ha de sentirse en nuestra tierra más ciudadano que los demás por el hecho de poseer determinados rasgos culturales específicos ni ha de recelar de aquellos conciudadanos de otra tradición cultural diferente, considerándolos como extraños, y menos como enemigos”y también que “nadie ha de subestimar las señas peculiares de este país, como son, entre otras, la lengua y la cultura” Lo primero, que se lo digan a los nacionalistas; lo segundo, como lo primero, ya lo suscriben quienes no lo son.
Son los nacionalistas, con los “rh negativos” y “los alemanes en Mallorca” de Arzalluz o las diatribas y su odio contra los maquetos del fundador de su partido, quienes legitiman la exclusión cuando no la violencia. Los no nacionalistas, por su parte, no sólo no subestiman las señas peculiares del País Vasco sino que las protegen al rango de ley de Leyes como es la Constitución Española.
Los obispos, sin embargo, consideran que la Constitución comparte con ETA la responsabilidad de la falta de paz, pues esta “se malogra cuando quiere imponerse por la fuerza ciega o por el puro imperio de la ley”. Vamos, que se equipara el terrorismo con la violencia legitima del Estado.
La vomitiva y repugnante diatriba de los obispos llega incluso a insinuar que el Gobierno español tortura a los presos vascos. Esa grave insinuación no aporta prueba alguna y los obispos se basan para lanzarla únicamente en las denuncias de Amnistía Internacional y Gesto por la paz, organizaciones que tampoco han aportado prueba alguna. Los mitrados también reclaman al Gobierno “signos de distensión y aproximación” como es el acercamiento de los presos a sus lugares de origen. ¿Para todos o es un privilegio que se pide en exclusiva para los presos etarras?
Finalmente, no pretendemos ya entrar a cuestionar la aseveración de los obispos de que “ser nacionalista o no serlo no es moralmente obligatorio ni moralmente censurable”. No estaría de más, sin embargo, que tuvieran presente las claras aseveraciones morales contra el nacionalismo hechas públicas por el Papa. Lástima que en este punto los Obispos silencien las advertencias de Juan Pablo II. En cualquier caso, la Constitución española da libertad a los nacionalistas que defienden pacíficamente su ideario. Lo que no puede seguir tolerando, sin caer en contradicción, es la cobertura legal y la financiación pública de quienes utilizan y legitiman el crimen para conseguir sus objetivos políticos.
Y es en este punto donde cabe preguntarse cuál es la postura de la Iglesia católica. Los obispos no levantaron su voz contra el pacto de Lizarra, pero rechazan ahora públicamente la exclusión de los proterroristas. ¿Es esta la postura de la Iglesia católica?. Así debemos, desgraciadamente, considerarlo mientras no haya un comunicado en sentido contrario. Dejémonos ya de hablar de los “obispos vascos”. La postura de la Iglesia no puede -más en un asunto tan grave- variar según la diócesis. ¿O es que vamos a seguir admitiendo que los prelados tengan posturas diferentes en el seno de una Iglesia que debe estar en comunión y que se reclama católica? Basta ya. Va por ustedes, Ilustrísimas. Santidad, ¿Quo Vadis?
Obispos abertzales
En España
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