Jueces contra el derecho de crítica

La detención de un directivo de Caja Laboral de Mondragón por colaborar con ETA, las críticas del sector izquierdista del CGPJ dirigidas contra Aznar por expresar su disconformidad con el archivo de la querella contra Otegui y la decisión de la Fiscalía de recurrirla constituyen las noticias más destacadas este jueves. La mayoría de las portadas también recogen el expediente que la CVMV ha abierto al BBVA por ocultar información, el plante al Gobierno protagonizado por los diputados del PSOE, PNV e IU en el Congreso, la distancia de 8 puntos en intención de voto que el PP, según el CIS, tiene de ventaja sobre el PSOE y la concesión del Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales.

En cuanto a los editoriales, ningún diario dedica comentario alguno a la crítica del sector izquierdista del CGPJ contra Aznar ni a la acertada decisión del fiscal de recurrir el archivo de la querella contra Otegui. El País en su titular afirma que los nueve vocales del Poder Judicial “piden que el pleno defienda la independencia de la Sala, atacada por archivar el “caso Otegui”. El País da así, como hecho, lo que no es más que la opinión infundada de esos vocales. ¿Desde cuando criticar la decisión de alguien supone atacar su independencia?. ¿Qué pretensión es esa de qué las decisiones judiciales sean inmunes al derecho de crítica abierto a todos en un sistema democrático?. Si hay algo que verdaderamente cuestiona la independencia de los jueces es el sistema de su designación política, pero eso de eso no hablan estos vocales, siete designados por el PSOE, uno por IU y otro de CiU. Ni el resto del CGPJ.

Las leyes y los dictámenes judiciales son de obligado cumplimiento pero eso no niega el derecho a expresarles disconformidad ni rechazo. Los vocales “progresistas” reconocen que “las decisiones judiciales están sujetas a la pertinente crítica social y mediática” pero excluyen de ese derecho al Gobierno alegando que “los jueces están para servir a los ciudadanos a través de la aplicación estricta de las leyes, y no para servir al Gobierno”. Además de que el objeto de crítica a los magistrados del Supremo precisamente se basa en que no se han ceñido a la “aplicación estricta de la ley” que incluyó entre los delitos de terrorismo el de su apología, ¿qué dicotomía es esa que separa a los ciudadanos de sus representantes políticos en el derecho de crítica?. El Gobierno no crítica al Supremo por no obedecerle al margen de la ley, sino porque acertadamente entiende que el Poder Legislativo ha sido ninguneado en su intención, expresada en Ley, de que los delitos de apología, como los demás relacionados con el terrorismo, no queden impunes por el hecho de que se hayan perpetrado fuera de nuestras fronteras. La única forma de ningunear legítimamente al poder legislativo hubiera sido presentar un alegato de inconstitucionalidad. Pero los magistrados “progres” del Supremo no dudan que la reforma penal del 2000 sea conforme a la “Ley de Leyes”, simplemente —nada más ni nada menos— se han negado a aplicarla.

Una de los más funestos fenómenos de nuestra democracia es el asentamiento de esa errada doctrina que proscribe la critica al poder judicial. Ha sido seguida con errada corrección política por nuestros políticos y lo que es más grave, por todos casi todos los medios de opinión. Ni siquiera ahora que el Gobierno del PP parece dispuesto a ejercer ese derecho, los ciudadanos hemos podido leer un solo editorial respaldando ese ejercicio de crítica por parte del Ejecutivo. Luego, tanto los políticos como los periodistas, descubren que el poder judicial obtiene la peor valoración de los ciudadanos en las encuestas, descubriéndose de golpe un abismo entre la opinión pública y la “publicada”. ¿Hace falta una encuesta que diga que la inmensa mayoría de los ciudadanos está con el Gobierno en su crítica al Supremo para que los editoriales se lancen a respaldarla?

Casi el 80% de los ciudadanos es favorable a la ilegalización de Batasuna

Otra de las noticias presentes en la mayoría de las portadas pero que apenas encuentra eco editorial es la reducción de la ventaja del PP sobre el PSOE de 9,7 a 8 puntos en intención de voto. La leve reducción de las distancias es más por la caída del PP que por el ascenso del PSOE, y el sondeo refleja no sólo la disminución de la valoración de Aznar (5,11) sino de sus ministros ( todos suspenden menos Rajoy) y los principales líderes políticos (Zapatero, 5,03; Llamazares, 3, 8, Arzalluz 1,75). Un dato interesante del sondeo es que casi el 80 por ciento de los encuestados le parece bien o muy bien la ilegalización de los partidos proterroristas. Más interesante, de todas formas hubiera sido averiguar desde cuando los ciudadanos respaldaban esa decisión y saber el tiempo que ha tardado la clase política española en atenderla.

Las financiación de las Huelgas, servicios mínimos y piquetes

La Razón dedica su portada y un editorial a una valiente y acertada denuncia de la burocratización y dependencia económica del Estado de los sindicatos. Su titular asegura que las centrales reciben 32.000 millones de pesetas del Gobierno y tienen 200.000 “liberados” sindicales que trabajan para el sindicato y cobran el sueldo de la Administración o de las empresas.

Como acertadamente explica el editorial, mientras que en otros países viven de las cuotas de sus afiliados, en España el poder de los sindicatos es desmedido si se compara con la realidad del número afiliaciones, el más bajo de Europa. Como reza el titular del editorial, ciertamente, “el Estado paga y sufre la Huelga”.

El País también hace referencia a los sindicatos en su editorial pero se refiere a la huelga del transporte público que está sufriendo Barcelona. En un acertado editorial, El País, considera inaceptable que los huelguistas no respeten los servicios mínimos. Criticando no sólo las formas sino también el fondo de las reivindicaciones sindicales, criticando los “estratosféricos” aumentos de sueldos que demandan. Claro que la validez del acierto que para esta ocasión desarrolla El País queda cuestionada por el hecho de que es socialista la corporación municipal a la que desacredita la huelga y los sindicatos. ¿Reclamará el diario de Polanco el cumplimiento de los servicios mínimos y criticará la violencia de los piquetes con la misma contundencia cuando se trate de la Huelga general que los sindicatos preparan, con su apoyo, contra el Gobierno del PP?

Evidentemente, en el caso de El País, la pregunta es retórica. Pero el Gobierno debe hacer un esfuerzo en ese sentido y exigir el cumplimiento de la legalidad, tanto en la cuestión de los piquetes como en el de los servicios mínimos. Tampoco debe confiar en que el estado del país no justifica el éxito de una huelga general, sino pasar a defender y explicar directamente la propuesta de reforma que sirve de excusa para la protesta sindical.

Si ya sería reprobable que la falta de comunicación y defensa de las ideas propias del Gobierno contribuyeran al éxito de la huelga, mucho más grave sería que también lo favoreciera la pasividad del Gobierno a la hora de someter a la legalidad la protesta sindical.