La decisión de Gallardón de prohibir la bebida de alcohol en la calle y su venta a menores de 18 años es la noticia más destacada en las portadas de El Mundo, La Razón y El País. Este último diario también da mucho relieve a las críticas que los ediles del PSE han dirigido a Aznar y a la entrevista que Zapatero nuevamente ha solicitado al presidente del Gobierno. El principal titular de ABC hace referencia a la “reprimenda” que Montoro ha dirigido a los responsables de las televisiones privadas, a las que les ha aconsejado que “no monten circos” por la competencia desleal que sufren de la televisión pública. Finalmente, La Vanguardia opta por dar prioridad a las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de EEUU, quien ha reiterado que la economía norteamericana ha iniciado su recuperación. El diario catalán, a raíz de la visita a Barcelona del ministro de Economía marroquí, también destaca que Marruecos ha incluido a Ceuta y Melilla en los temas que tratar con España.
El País da una nueva muestra de su especial interés por las noticias de naturaleza religiosa -siempre que sean motivo de escándalo para la jerarquía o que cuestionen la ortodoxia católica- y también dedica dos columnas de portada al documento que 71 curas de Girona han dirigido a su Obispo en el que reclaman el celibato optativo y el sacerdocio femenino.
El bulo sobre González sigue coleando en algunas portadas y editoriales a raíz de la petición de dimisión de Piqué que la oposición en pleno ha solicitado. Finalmente, la decisión de Sharon de acentuar la ofensiva militar a pesar de las críticas de EE UU es la noticia más destacada en el área internacional.
La culpa del botellón no es de los proveedores
Todos los editoriales, con alguna que otra objeción, consideran globalmente positiva la normativa sobre alcohol y drogas que ha propuesto el presidente de la Comunidad de Madrid. El que mejor la valora es La Razón, cuyo editorial sólo reclama su cumplimiento efectivo y el respaldo de las Administraciones Central y Local a la misma. Para este diario, Gallardón “acierta al afrontar el problema en toda su extensión al mostrar por un lado la debida firmeza para prohibir el lamentable espectáculo del “botellón” en las calles y, por otro, plantear serias medidas que incluyen la prohibición de la venta de alcohol en gasolineras y áreas de servicio, o la necesidad de obtener una segunda licencia para tiendas de comestibles y restricciones en otros establecimientos de consumo “no inmediato”, como es el caso de las grandes superficies”.
La Razón hace una lectura igualmente positiva de todos los aspectos de la normativa que, en nuestra opinión esta no merece. Ciertamente es positivo que no se permita la bebida en ámbitos públicos -salvo en terrazas o durante las fiestas patronales-, y que se reprima efectivamente el “botellón” que siembra de alborotos, suciedad y orines gran cantidad de calles y plazas. Pero ninguna razón hay, a no ser el mero afán recaudatorio, exigir una segunda licencia a las tiendas de comestibles donde se vende alcohol o el establecer más restricciones en otros establecimientos de consumo “no inmediato”. Ni siquiera es aceptable la prohibición de la venta en las gasolineras. Los consumidores ya padecen demasiadas restricciones en los horarios comerciales y la compra en la gasolinera puede ser una válvula de escape a esas limitaciones. Pero la objeción principal a esta normativa es que los adultos han de ser libres para comprar alcohol donde y cuando quieran. El precio de la libertad es que han de ser ellos los responsables de los efectos de su consumo. Lo intolerable del botellón, no es el lugar ni la hora donde se ha comprado el alcohol, sino los perjuicios que su consumo en plazas y calles públicas provoca a terceros.
El Mundo -peor aún- no sólo es partidario de reprimir lo que se debería liberalizar sino que es condescendiente con lo que no se debería tolerar: “De nada serviría la más que discutible acción policial para impedir el consumo de alcohol en la calle durante los fines de semana, a base de despliegues uniformados propios de estados de excepción, si no se actúa con la ley contra los proveedores que impulsan esta moda nefasta”. Vamos, que la culpa de los orines, suciedad y ruido que provoca el consumo de alcohol a la puertas de las casas la tienen los que venden las bebidas en sus establecimientos comerciales.
Lo grave de El Mundo ya no es sólo el error -compartido con La Razón Y El País- de cargar las tintas contra los proveedores, sino sobretodo el complejito progre de cuestionar que la ley y la policía hagan cumplir el orden. Hasta El País reconoce hoy que “de momento, se sabe que el simple aumento de la vigilancia policial en las zonas madrileñas de botellón ha reducido el número de jóvenes atendidos por intoxicación etílica”. No menos beneficiosos son sus efectos para limitar el daño a terceros que causa el botellón de marras. Tratándose de Gallardón, no sorprende que El País salga ahora reconociendo las virtudes de la acción policial contra el botellón, cuando antes las negaba. Las dudas de El Mundo son, sin embargo, un mero maquillaje progre a su respaldo al Gobierno que tiene el efecto de legitimar lo más criticable de estas medidas y de sembrar de dudas sus más evidentes aciertos.
La leal competencia...por la publicidad
ABC dedica un editorial a dirigir una merecida crítica al ministro Montoro por reprochar a las televisiones privadas que hayan montado “un circo” a propósito de la competencia desleal de la televisión estatal. El Ministro les ha venido a decir a los responsables de las cadenas privadas que si tienen vocación política, “se pasen a la arena pública para satisfacerla”. Como acertadamente señala ABC, “todo ciudadano, aunque no sea político ni ministro, tiene derecho a realizar declaraciones públicas. Además, si las televisiones privadas forman parte de un servicio público, no parece improcedente que sus responsables y directivos puedan tener cierta vocación pública”.
ABC, además, destaca la poca justificación que tienen los reproches de mala gestión dirigidas contra los directivos de las privadas cuando estas, a pesar de no tener la doble financiación de las estatales -impuestos e ingresos por publicidad-, han alcanzado casi el 50 por ciento de la audiencia. Y para mal ejemplo de gestión, ahí esta la astronómica deuda contraída por las estatales que supera el presupuesto de varios ministerios juntos.
Coincidiendo, pues, plenamente con el editorial de ABC y considerando legítimas las críticas de las privadas, la única objeción que podemos plantearles es que la libre competencia no pasa por la limitación o la eliminación del recurso a la publicidad de ninguna cadena, sino porque ninguna de ellas tenga el privilegio de poder recurrir al dinero de los contribuyentes.
Los directivos de las privadas, lógicamente, están sólo interesados en que las televisiones estatales no les muerdan cuotas de publicidad; los ciudadanos, sin embargo, lo que nos debería molestar de las estatales es que recurran coactivamente a nuestros bolsillos. La solución pasa, pues, por la privatización de las televisiones estatales y que todas compitan por la publicidad en igualdad de condiciones. Eso y abrir el mercado televisivo a todos los que quieran embarcarse en este tipo de empresa, que de esto tampoco hablan ni las estatales, ni las privadas ya existentes.
Si de verdad queremos hablar de libre y leal competencia, lo que de verdad hay que suprimir son los impuestos y las concesiones.
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