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Calvo Ibarlucea, que hasta ahora estaba destinada en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), pasa a ocupar ahora la vacante dejada en la Sala de lo Social del Supremo por Fernando Salinas, vicepresidente del CGPJ. En el mismo acto solemne han jurado su cargo los otros tres magistrados designados para ocupar las vacantes del Tribunal Supremo: José Manuel Maza Martín y Miguel Colmenero, que ocupan su puesto en la Sala de lo Penal; así como Agustín Puente Prieto, que ejerce desde este lunes su labor en la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
La elección de la primera mujer magistrada del Supremo se produjo el pasado 23 de enero por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por 13 votos a favor y 8 abstenciones. estas correspondieron a los vocales del sector progresista del Consejo (elegidos a propuesta de PSOE e IU), que denunciaron que la cobertura de las vacantes del Supremo fue impuesta por el bloque mayoritario, a quien acusaron de "aplicar el rodillo" y romper el consenso.
La votación originó un duro cruce de acusaciones entre los sectores del Consejo, después de que los ocho vocales del grupo minoritario denunciaran en rueda de prensa la existencia de una "crisis del modelo constitucional" de la institución por el modo de actuar de los conservadores, a los que acusaron de "aplicar el rodillo" y de excluirles "sistemáticamente" del gobierno de los jueces.
La polémica llegó hasta el Congreso de los Diputados, donde fue tratada en la comisión de seguimiento del Pacto por la Justicia celebrada el pasado 7 de febrero. En este ámbito, los grupos políticos reafirmaron la vigencia del Pacto mientras el ministro de Juticia, Ángel Acebes, comentó que la elección de los magistrados el Supremo no puede afectar a la reforma estructural que propicia el Pacto en la Administración de la Justicia. Al día siguiente de la votación, Milagros Calvo quitó importancia a que desde el sector minoritario se hubieran refirerido a ella como "florero" y aseguró haberse mantenido "al margen" de la polémica surgida con su nombramiento.
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La elección de la primera mujer magistrada del Supremo se produjo el pasado 23 de enero por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial por 13 votos a favor y 8 abstenciones. estas correspondieron a los vocales del sector progresista del Consejo (elegidos a propuesta de PSOE e IU), que denunciaron que la cobertura de las vacantes del Supremo fue impuesta por el bloque mayoritario, a quien acusaron de "aplicar el rodillo" y romper el consenso.
La votación originó un duro cruce de acusaciones entre los sectores del Consejo, después de que los ocho vocales del grupo minoritario denunciaran en rueda de prensa la existencia de una "crisis del modelo constitucional" de la institución por el modo de actuar de los conservadores, a los que acusaron de "aplicar el rodillo" y de excluirles "sistemáticamente" del gobierno de los jueces.
La polémica llegó hasta el Congreso de los Diputados, donde fue tratada en la comisión de seguimiento del Pacto por la Justicia celebrada el pasado 7 de febrero. En este ámbito, los grupos políticos reafirmaron la vigencia del Pacto mientras el ministro de Juticia, Ángel Acebes, comentó que la elección de los magistrados el Supremo no puede afectar a la reforma estructural que propicia el Pacto en la Administración de la Justicia. Al día siguiente de la votación, Milagros Calvo quitó importancia a que desde el sector minoritario se hubieran refirerido a ella como "florero" y aseguró haberse mantenido "al margen" de la polémica surgida con su nombramiento.
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