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El frenazo en el crecimiento económico y el aumento del paro en 51. 452 personas en octubre constituyen, junto al nuevo rifirrafe entre el Tribunal Constitucional y el Supremo y las conclusiones sobre el caso Gescartera, los principales frentes informativos que aborda la prensa de este martes.

El Mundo y ABC coinciden bastante en sus editoriales a la hora de atribuir en gran medida al Once de Septiembre los malos datos –sin parangón en las dos últimas legislaturas– del empleo y del crecimiento económico. Ambos diarios también destacan, no obstante, el estado saneado de nuestra economía que, en su opinión, goza de condiciones mejores que en la última recesión de 1991-92 para reaccionar positivamente y con rapidez. No obstante, mientras para El Mundo estos datos confirman la necesidad de que el Gobierno rectifique las previsiones macroeconómicas en las que se basan los Presupuestos para el 2002, para ABC “lo importante, especialmente en situaciones dominadas por la incertidumbre, no es que el grado de acierto en las previsiones presupuestarias sea menor o mayor, sino que se mantenga una política económica acertada”. En este sentido, ABC reitera que “el objetivo del equilibrio presupuestario, que tanto ha costado, debe ser una premisa irrenunciable”, aunque insta al Ejecutivo a abordar “una política de ajuste” y a no confiar en una recuperación “a caballo de la reducción de la inflación, el recorte de los tipos de interés y la bajada del precio del petróleo”.

El Mundo, por su parte, reclama a la CEOE y a los sindicatos que, “dentro de su sistema de acuerdos-marco interconfederales, dediquen ahora su esfuerzo en la negociación salarial a mantener el empleo lo mejor posible dentro de un duro entorno internacional”.

No hubiera estado de más, en el caso de ABC, el reclamar sin eufemismos la reducción del gasto público, y en el caso de El Mundo no supeditar obligatoriamente los necesarios cambios en el terreno laboral al ámbito del acuerdo entre Patronal y sindicatos. Las deficiencias de nuestra legislación sobre negociación colectiva, contratos a tiempo parcial o prestaciones por desempleo son factores, junto a otros, que la inercia del Gobierno está desatendiendo y cuya responsabilidad no debe eludir por consensos “políticamente correctos”.

Todos los periódicos se hacen eco en su portada del durísimo enfrentamiento del Tribunal Supremo con el Tribunal Constitucional, a raíz de la sentencia sobre la indemnización de Isabel Preisler. El Mundo, ABC y La Razón no entran en el caso en litigio y dedican sus editoriales a la cuestión, mucho más relevante, que supone el nuevo enfrentamiento entre los principales órganos judiciales españoles. Como señala La Razón, “el problema no es nuevo y en el cuarto de siglo de vida constitucional son muchas las voces que pueden, y cuanto antes, una reforma o clarificación de las funciones de cada uno de los tribunales en cuestión. Cuando se producen este tipo de diferencias, lo que llama poderosamente la atención es que el debate político, y aún los intereses profesionales de los colectivos judiciales, se hayan volcado en la renovación de los cargos constitucionales antes que en la imprescindible reforma de la Justicia planteado en el Pacto de Estado acordado por el PP y el PSOE”. Hace bien este diario en destacar la gravedad del asunto, pero atribuir propiedades curativas al Pacto por la Reforma de la Justicia, no deja de ser un exceso de ingenuidad...

En cuanto al caso Gescartera, El País abre su portada informando que el Banco de España ha destapado anomalías de cuatro bancos en el caso Gescartera. Según su informe, el HSBC mintió sobre la existencia de cuentas extranjeras de Gescartera; Bankinter y La Caixa emitieron certificados con inexactitudes y que inducían a conclusiones erróneas, y el Deutsche Bank facilitó a la agencia contratos con “deficiencias y omisiones”. Sin embargo, El País no hace referencia alguna a la noticia de El Mundo del lunes en el que se informaba precisamente que fue el sobrino de Polanco, Agustín Fernández, quien facilitó las relaciones de Camacho con el HSBC y el Detsche Bank.

No obstante, en su editorial, el diario de Polanco continúa con su crítica al Gobierno a raíz de las conclusiones del PP sobre Gescartera: “Entiende el partido del Gobierno que ni Valiente, ni Giménez-Reyna influyeron a favor de Gescartera; debería explicar entonces por qué se demoró la intervención de la sociedad y porque se malograron oportunamente las actas de inspección abiertas. Al PP tampoco le parece grave la conducta de Luis Ramallo, ex vicepresidente de la CNMV, que actuó como notario e intermediario para Gescartera después de recibir lujosos regalos de Camacho y nada más abndonar su cargo”. No obstante, como concluye El País, “el veredicto exculpatorio que la mayoría del PP impondrá a la comisión investigadora no podrá evitar que la opinión pública saque sus propias conclusiones tras las comparecencias de estas semanas”. Tan evidente como que Prisa no paga favores. O traiciones, según se vea.